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Por primera vez en 20 años, el Ministerio Público de Chihuahua presentó en un juicio información que incluye al crimen organizado como responsable de los crímenes de mujeres –secuestros y asesinatos– que han marcado a esta frontera. Son el resultado, dice la acusación contra seis presuntos responsables, de la operación en la zona Centro de una amplia red de trata de personas en la que participan integrantes de la pandilla de los Aztecas, de La Línea, algunos locatarios y que cuenta, dice uno de los principales testigos, con la protección de autoridades de los tres niveles de Gobierno.
En la acusación que sostiene ahora la Fiscalía se encuentra un hombre, Manuel Vital Anguiano, contra quien existen sospechas por un femenicidio registrado desde 1995 y cuya víctima, Olga Alicia Carrillo Pérez, fue encontrada en el lote Bravo. La diferencia con lo ocurrido en el pasado más reciente, entre 2008 y 2012, es que los crímenes se dispararon casi un 300 por ciento: hasta 86 mujeres y adolescentes víctimas en esos cuatro años, frente a los 29 casos vigentes de las dos décadas anteriores. Los crímenes ocurrieron justo durante la Operación Conjunta Chihuahua y los años de la disputa por el control del territorio y del narcotráfico, hace notar Santiago González, abogado coadyuvante de la Fiscalía. Y entre los clientes de tal red, agrega el testigo protegido, estaban personas y “jefes” involucrados en esa guerra, incluyendo elementos del Ejército Mexicano que llegaron por miles y que “pedían” a las víctimas para tener relaciones sexuales.
Entre 2011 y 2012, los restos de al menos once jovencitas –de 15 a 20 años y con reportes de desaparición de 2009 a 2010– fueron encontrados en una cañada del Valle de Juárez conocida como Arroyo del Navajo, ubicada a unos seis kilómetros de un campamento militar y donde se han encontrado al menos otros 10 cuerpos que, en total, conforman el mayor cementerio clandestino de mujeres de toda la historia de esta frontera.
El Juicio Oral contra seis presuntos integrantes de esta red inició en abril pasado, luego de que en 2013 fuera arrestado por posesión de drogas el que es hoy uno de los principales testigos de cargo del ministerio público. Luego de los alegatos finales previstos para esta semana, la sentencia debe ser dictada en pocos días por el Tribunal de Juicio Oral encabezado por la juez Catalina Ruiz Pacheco.
Pero será sólo el principio del esclarecimiento de los casos, dicen los abogados coadyuvantes de la Fiscalía y representantes de las familias. Todavía están por ser investigadas y definidas, explican González e Imelda Marrufo Nava, las responsabilidades de las instituciones de seguridad implicadas en el crimen y que han sido mencionadas en el juicio, como las policías Municipal, Estatal y Federal, así como la Secretaría de la Defensa Nacional.
