- Está situación afecta a varias dependencias de gobierno, incluyendo la Universidad de Guadalajara, quienes tienen un convenio en la modalidad 33 y/o 38
La problemática que enfrenta el Ayuntamiento de Puerto Vallarta con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no es un caso aislado, ni sólo de personal sindicalizado o de confianza. Diversas instituciones públicas, como la Universidad de Guadalajara, también han recibido respuestas negativas en el acceso a servicios de salud a pesar de haber cumplido con todas sus obligaciones ante el IMSS.
En el caso del Municipio, la situación se centra en la clínica 179 del IMSS, donde se han registrado rechazos en la atención médica y en el otorgamiento de medicamentos para servidores públicos con enfermedades crónicas degenerativas. “El convenio que suscribió el municipio es bajo la modalidad 38, que cubre estas condiciones y no presenta restricciones en su contenido” señaló el director de Comunicaciones, Juan Carlos Peralta.
Agregó que la líder sindical Lucy Curiel y el encargado de la gestión del IMSS en el Ayuntamiento, David Arther, sostuvieron un diálogo con las autoridades del IMSS para resolver la situación, esperando poder dar pronta solución a este tema.
“Lo que hemos visto es que la problemática radica en una interpretación errónea de las restricciones por parte de la clínica 179, específicamente en la mala interpretación de un oficio interno emitido por la delegación federal del IMSS, donde señala varias restricciones en la modalidad 38, pero que específicamente Ayuntamiento no las tiene”, detalló el funcionario municipal.
Destacó que el convenio que mantiene el Ayuntamiento con el IMSS no tiene vigencia, no tienen restricciones y fue firmado en común acuerdo por ambas partes, en su momento, por lo que se está buscando que el instituto cumpla con lo que le corresponde y continúe brindando el servicio a los derechohabientes.
La representante sindical, Lucy Curiel, señaló que en caso de persistir las restricciones, no descartan la opción de tramitar un amparo colectivo para defender los derechos de todos los beneficiarios y contará con el respaldo del gobierno municipal, ya que para el trámite lo debe realizar el Ayuntamiento quien funge como patrón ante dicho instituto.