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Una de las 43 personas desaparecidas el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es un militar, así lo confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en respuesta a una solicitud de información, que preguntaba qué estudiantes estaban dados de alta como soldados.
“Se localizó a una persona que corresponde al nombre de uno de los 42 (fueron 43 y ya fue hallado el cuerpo de uno) estudiantes desaparecidos de la escuela rural Isidro Burgos, que refiere en su solicitud; sin embargo, el nombre se encuentra clasificado como confidencial por tratarse de datos personales”, expone el oficio de respuesta, firmado por el general de brigada del Estado Mayor David Córdova.
Sin embargo, la Sedena envía dos resoluciones en las que otorgó el carácter de “confidencial” y de “reservado” al nombre de ese soldado-estudiante, en primer lugar por tratarse de datos personales, y en segundo por protección.
“El proporcionar la información representa un riesgo real para la seguridad de la familia del militar desaparecido, ya que podrían ser identificados con facilidad, dando como resultado posibles atentados en su contra; asimismo, se potenciaría considerablemente una amenaza en agravio de la vida, seguridad y salud de su familia, ya que la información podría ser utilizada por grupos desafectos a las fuerzas armadas, incluyendo la delincuencia organizada”, explica.
En contraste con la revelación de que había un militar estudiando en la Normal Rural, algunos críticos de estas escuelas, como Gabriel Quadri, han acusado que son lugares donde grupos subversivos reclutan jóvenes.
La Defensa no había dado a conocer que uno de sus elementos hubiera desaparecido en estos hechos y sólo han negado haber tenido alguna participación o conocimiento de lo ocurrido, como acusó una ONG.
Infografía: ¿Dónde están las escuelas normales rurales?
El 26 de septiembre varios autobuses con estudiantes salieron de la Normal de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, para manifestarse en un acto de Ángeles Pineda, la primera dama de Iguala que presuntamente quería suceder como alcaldesa a su marido, José Luis Abarca.
Por la noche fueron atacados por policías, lo que dejó seis muertos y 43 desaparecidos, aunque meses después se informó que los restos de uno de ellos fueron identificados. En enero la Procuraduría General de la República (PGR) cerró el caso porque la “verdad histórica” apunta a que fueron entregados por la policía municipal al grupo delictivo Guerreros Unidos, asesinados e incinerados.
Sin embargo, no han cesado las protestas y la exigencia de los padres de familia para que las autoridades sigan buscándolos.
