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El presidente Enrique Peña Nieto solicitó el martes al órgano anticorrupción de su propio gobierno que investigue si él, la primera dama o el secretario de Hacienda incurrieron en conflicto de intereses por adquirir inmuebles a empresas que luego obtuvieron contratos públicos millonarios.
Pero el anuncio del presidente provocó de inmediato críticas de académicos y analistas que advierten un “sinsentido” y un “despropósito” pedir a un subalterno que investigue a su jefe, lo cual parece más una maniobra para decir que se indagará una situación que de antemano algunos ven cómo concluirá: con la afirmación de que no hubo conflicto de interés.
El mandatario informó que la Secretaría de la Función Pública, considerado el órgano anticorrupción del gobierno, hará la investigación y dijo que le pidió que sus resultados le sean presentados a un “panel de expertos” para que revisen y evalúen sus conclusiones.
“En meses pasados se hicieron diversos señalamientos sobre posibles conflictos de interés en mi gobierno”, dijo desde la residencia presidencial.
“El presidente no otorga contratos, no adjudica compras ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones”, señaló. “Y sin embargo soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que en realidad no ocurrió”, añadió el presidente.
Para Gerardo Palomar, un abogado y catedrático del privado Tecnológico de Monterrey, el que sea un miembro del propio gobierno puede generar “una condicionante moral, ética” a esa persona, al menos por “cierta lealtad” hacia el presidente.
“Si yo mismo pongo al fiscal que me va a revisar, desde ahí nace el sinsentido”, dijo Palomar a The Associated Press.
En un anuncio a la prensa en la que no permitió preguntas y nombró al nuevo secretario de la Función Pública que encabezará la indagatoria, el mandatario también anunció algunas acciones ejecutivas para combatir la corrupción y evitar cualquier posible conflicto de intereses, por ejemplo la creación de una unidad de ética y el establecimiento de nuevos protocolos que regulen el contacto entre funcionarios y particulares.
Peña Nieto dijo que entre acciones también ha decidido hacer obligatorio que los servidores públicos para que a partir de mayo entreguen una declaración de posible conflicto de intereses, junto con el reporte de su patrimonio que ya deben dar a conocer anualmente.
“En sí mismo es un conflicto de interés en el que está involucrado el propio secretario de la Función Pública desde el momento en el que le están pidieron investigar a su jefe”, dijo a la AP Gerardo Esquivel, economista e investigador del Colegio de México. “Eso en sí mismo involucra posiblemente una situación en la que está comprometidos el interés público con el interés privado”.
Consideró que parece una estrategia para intentar decir que ahora sí van a hacer algo, luego de semanas de críticas porque simplemente su gobierno repetía que no había ningún conflicto y que todo había sido legal.
“Lo que el presidente quiere… es cerrar esta situación y en la medida que no hacía nada pues estaban sujetos a la crítica y en la medida que se plantea esto pienso que ellos van a decir que esta es la respuesta a esta situación”, añadió.
El mandatario, la primera dama Angélica Rivera y el secretario de Hacienda Luis Videgaray, han sido blanco de críticas luego de que investigaciones periodísticas revelaran en los últimos meses que compraron inmuebles a empresarios que luego obtuvieron contratos para obras públicas, lo cual ha sido visto por algunos como un caso de conflicto de interés.
Peña Nieto ha sostenido que no hubo ninguna irregularidad en las adquisiciones y que él no ha incurrido en conflicto de intereses, porque no otorga contratos ni adjudica obras.
“Siempre me he conducido con imparcialidad y apego a derecho”, aseguró el mandatario desde la residencia presidencial.
