Observatorio Bahia Noticias Puerto Vallarta
Articulos Relacionados
A casi un año de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos, una investigación independiente divulgada este domingo pone en entredicho elementos centrales de la versión que el gobierno ha mantenido sobre lo ocurrido ese fatídico 26 de septiembre de 2014.
La administración del presidente Enrique Peña Nieto ha sostenido una versión sobre el destino de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero:
Fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero del municipio de Cocula, vecino al sitio donde desaparecieron, pero esto que la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) ha llamado la “verdad histórica” del caso empieza a tambalearse.
En un informe de 550 páginas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a petición del gobierno mexicano para analizar el caso, asegura que no hay evidencias de que un fuego de esa magnitud haya ocurrido ni que los estudiantes hayan sido incinerados en un basurero.
Los padres de los estudiantes han rechazado la versión del gobierno de que los normalistas fueron incinerados.
En su primer informe tras seis meses de trabajo en México, los expertos señalan además que no se hizo todo lo posible para localizar a los estudiantes.
Entre sus conclusiones, divulgadas este domingo en conferencia de prensa, advierten que hubo hechos no investigados, evidencias destruidas y se cometieron errores.
Los expertos no señalan responsables, pero hacen hincapié en elementos que pueden ayudar a localizar a los jóvenes.
Una de sus conclusiones es clara: la investigación debe retomarse con nuevas líneas de trabajo.
“La investigación”, aseguran los expertos, “arroja nuevas visiones tanto sobre lo sucedido en la agresión directa sufrida por los normalistas como en su posible destino posterior”.
Sin embargo, el GIEI “lamenta no poder ofrecer (…) un diagnóstico definitivo de lo sucedido” y espera que el informe “sea una oportunidad de retomar el rumbo de la investigación”.
Los investigadores aseguran que las circunstancias del caso y sus hallazgos muestran los “déficits” en la investigación y las tareas pendientes, y subrayan que el destinos de los normalista “es aún incierto”.
Errores y omisiones
En el marco de su investigación los expertos revisaron los 115 tomos del expediente judicial del caso, cada uno de entre 1.000 y 2.000 páginas.
El informe se apoya en datos de la investigación oficial, pero los expertos solicitaron peritajes independientes, tanto médicos como forenses y de las distintas escenas de crimen.
——————-
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes está integrado por cinco personas:
Carlos Beristáin, experto español en atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos.
Ángela Buitrago, colombiana, abogada, ex fiscal ante la Corte Suprema de Justicia y experta en desapariciones, corrupción y asesinatos políticos
El abogado chileno Francisco Cox Vial, quien trabajó en apoyo de la extradición del dictador Augusto Pinochet a España.
Claudia Paz y Paz, abogada guatemalteca, especializada en derecho penal, jueza durante 18 años, responsable del primer juicio al expresidente Efraín Ríos Montt.
Alejandro Valencia Villa, experto en derechos humanos, consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
——————-
Desde marzo de este año entrevistaron a sobrevivientes del ataque, los supuestos agresores y autoridades.
Los estudiantes desaparecieron después que se los llevaron elementos de las policías de Iguala y Cocula, en el estado de Guerrero, en el sur del país.
La PGR responsabilizó del crimen a la banda de narcotráfico conocida como Guerreros Unidos, una escisión del cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
Desde octubre del año pasado han sido detenidas más de 100 personas, entre ellas el exalcalde de Iguala José Luis Abarca.
Los estudiantes desaparecieron después que se los llevaron elementos de las policías de Iguala y Cocula, en el estado de Guerrero, en el sur del país.
La lista incluye a su esposa, María de los Ángeles Pineda, a quien la fiscalía acusa de ser una de las principales líderes de la banda de narcotráfico.
Pero el GIEI señala que la investigación se fragmentó desde el inicio, lo cual dificultó obtener una ruta consiste de los hechos. Por ejemplo, en algún momento hubo 52 fiscales trabajando por separado sin intercambiar información entre ellos.
El resultado es una serie de hechos, datos o declaraciones no investigadas, que pueden ayudar a entender lo que sucedió.
La dudosa cremación en el basurero
La PGR señala que los estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala y Cocula, y posteriormente entregados a sicarios de Guerreros Unidos.
Ellos los habrían llevado al basurero de Cocula, donde según declararon ante la PGR asesinaron a los jóvenes y luego improvisaron una pira para quemar los cuerpos.
Durante al menos 12 horas alimentaron la hoguera con llantas, madera, basura, diésel y otros combustibles.
Luego machacaron los huesos hasta convertirlos en ceniza, y después juntaron los restos en bolsas de plástico que arrojaron a un río.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes está integrado por Carlos Beristáin, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa.
Esta es la versión oficial.
Pero el grupo de expertos solicitó un peritaje independiente al experto peruano José Torero, de la Universidad de Queensland (Australia) y miembro de la Academia Australiana de Tecnología e Ingeniería.
Entre sus conclusiones “consideradas pertinentes a los efectos de la solicitud del GIEI” establece:
“No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula”.
En ese lugar sólo hubo “fuegos de pequeñas dimensiones” pero que no se puede saber la fecha en que ocurrieron.
De acuerdo con el experto, en los alrededores del basurero no había combustibles suficientes para cremar cuerpos, “inclusive uno”.
Según el experto los peritajes de la PGR no se basaron en la evidencia material, y sus conclusiones son erróneas.
Por todo esto, “el GIEI se ha formado la convicción de que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula”.
La cremación de los estudiantes es uno de los ejes principales de la investigación de la PGR.
El misterio del quinto autobús
Los expertos del GIEI reconocen que desde el inicio de su investigación tuvieron dudas sobre el número de autobuses utilizados por los estudiantes de Ayotzinapa.
En el expediente oficial se establece que fueron cuatro unidades, pero el testimonio de las víctimas mencionó siempre a cinco.
En la averiguación de los expertos se determinó que sí existió ese autobús, que los estudiantes tomaron sin permiso en las afueras de Iguala.
El chofer los llevó a la central de autobuses de Iguala. Luego bajó de la unidad y los dejó encerrados.
Los jóvenes pidieron ayuda a sus compañeros quienes fueron al sitio a rescatarlos.
Esa fue la razón por la que viajaron a Iguala, pues originalmente ellos no querían ir a la ciudad.
El autobús pertenece a la empresa Costa Line. Al inicio de la investigación fue incluido en el expediente, pero luego no se volvió a mencionar su existencia.
¿Por qué es importante?
El GIEI obtuvo información de que en Iguala opera una red de tráfico de heroína hacia Estados Unidos, que mueve sus cargamentos en autobuses comerciales.
Los estudiantes tomaron tres unidades de la central camionera la noche del 26 de septiembre.
Las agresiones en su contra al parecer tenían la intención de impedir que las unidades abandonaran la ciudad.
“El negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque”, establece el informe.
“El negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque”, establece el informe.
Otros datos señalan, por ejemplo, que ese autobús en particular no fue atacado, como sí ocurrió con las otras unidades que tenían los estudiantes.
Y cuando el GIEI solicitó a la empresa transportista revisar esa unidad, la compañía presentó un autobús distinto.
Las autoridades no realizaron investigaciones sobre ese autobús en particular.
Tampoco averiguaron si existe relación entre las compañías de transporte que operan en Iguala, con las relacionadas en Estados Unidos con el trasiego de heroína.
Los expertos de la CIDH no establecen responsabilidades, pero creen que la decisión de los normalistas de tomar autobuses en Iguala explica la violencia extrema contra ellos.
“Podría haberse cruzado con dicha existencia de drogas ilícitas (o dinero) en uno de los autobuses, específicamente en ese autobús, Estrella Roja”.
El quinto autobús, dicen, “podría ser un elemento clave para explicar los hechos”.
El rol de militares y policías federales
Desde la tarde del 26 de septiembre, cuando los estudiantes salieron de su escuela, sus movimientos fueron monitoreados por policías federales y militares.
Fue una presencia constante.
Testimonios recabados por los expertos refieren que hubo agentes de inteligencia del Ejército en al menos dos de los escenarios donde los estudiantes que luego desaparecieron fueron detenidos por policías municipales.
Los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han pedido seis meses más para continuar con la investigación.
También existen testimonios de que uno de los autobuses de donde se llevaron a parte de estos jóvenes fue detenido por policías federales.
Además, un grupo de soldados interrogó a estudiantes que llevaron a un compañero herido a una clínica particular.
Los expertos de la CIDH solicitaron hablar con integrantes del 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Es el grupo militar asignado a Iguala y sus alrededores. El gobierno mexicano no permitió los interrogatorios.
Hasta ahora, el papel de policías federales y militares en las escenas de los ataques y desapariciones no ha sido investigado por completo.
“El nivel de intervención de diferentes policías y escenarios (…) da cuenta de la coordinación y mando existente para llevar a cabo dicha acción. La necesidad operativa de coordinación entre fuerzas de dos cuerpos policiales municipales diferentes (…) que intervinieron esa noche señalan la necesidad de un nivel de coordinación central que dio las órdenes”, se asegura en el informe.
“No hubo un uso adecuado, necesario, racional, ni proporcionado de la fuerza”, dicen los investigadores, “todo ello supone que la acción de los perpetradores estuvo motivada por lo que se consideró una acción llevada a cabo por los normalistas contra intereses de alto nivel”.
C4, el centro de mando que se quedó callado
El informe señala que entre la noche del 26 de septiembre y las primeras horas del día siguiente los estudiantes de Ayotzinapa sufrieron 9 ataques distintos.
En algunos casos se realizaron al mismo tiempo, e incluso se detectó que varios perpetradores se movieron de un lugar de agresión a otro.
Esto significa que los ataques fueron coordinados, y que alguien se encargó de organizarlos.
En Guerrero, como en otros estados del país, existe un área que concentra las comunicaciones de policías estatales, municipales y del gobierno federal.
Se llama C4. En el caso de Iguala los expertos de la CIDH establecen que se mantuvo en operación continua el 26 de septiembre.
Pero extrañamente interrumpió su funcionamiento “a ciertas horas”, especialmente las que siguieron a la detención de los estudiantes que luego desaparecieron.
También se destaca un informe de la unidad de protección civil de Chilpancingo (capital del estado).
El documento dice que “no tiene acceso a información a partir del C-4 en ciertos momentos porque la comunicación está intervenida por Sedena” (Secretaría de la Defensa Nacional).
Un dato adicional es que el excalde José Luis Abarca se comunicó más de diez veces con su secretario de Seguridad Pública, Felipe Torres.
Los teléfonos donde se realizaron o recibieron las llamadas coinciden con los sitios y la hora en que se detuvo a los estudiantes desaparecidos.
Abarca dijo inicialmente que la noche de los ataques “estaba dormido” en su casa.
La hipótesis del tráfico de drogas a EE.UU.
En la ciudad se ubica una de las entradas principales por carretera a la región montañosa de Guerrero.
El informe señala que, de acuerdo con la información pública, Iguala “es un lugar de comercio y transporte de estupefacientes, especialmente heroína, hacia Estados Unidos y concretamente Chicago”.
“Esta línea de investigación no se ha explorado hasta ahora”, aseguran los expertos.
Pero es también un lugar hostil a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Un elemento que deriva en indiferencia de los habitantes a los problemas ajenos, especialmente los estudiantes.
“Es probable que entre los factores que explican la agresión se encuentren también los estereotipos sobre los ‘ayotzinapos’ como de forma despectiva que se ha señalado en muchas ocasiones”, indica el documento.
“A juicio de GIEI éste sería un factor facilitador de la agresión, dado que el desprecio por el otro promueve la violencia”.
El informe de los expertos cuestiona elementos centrales de la investigación del gobierno.
Pero hay otros elementos.
Algunos de los ataques contra estudiantes ocurrieron frente a los asistentes a un concierto masivo en la plaza central de Iguala.
Es un elemento que llamó la atención de los expertos.
Por un lado, las agresiones frente a testigos pueden ser una muestra de la impunidad que mantienen los presuntos perpetradores en la región.
Pero también una señal de que su objetivo real era “de alto nivel”, y eso justificaba cualquier tipo de violencia. “Aunque fuera indiscriminada y con urgencia de realizar las acciones”.
Los expertos destacan que tuvieron dificultades para hablar con testigos, incluso meses después del ataque a estudiantes. Y advierten: “Hay un enorme nivel de miedo en Iguala”.
