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La renuncia de Otto Pérez Molina a la Presidencia de Guatemala el dos de septiembre pasado no representó una novedad en América Latina. El general retirado se convirtió en el 19º desde 1990 en incumplir el mandato para el que fue elegido.
Si se consideran sólo los que resultaron fruto de elecciones populares -no de golpes de Estado ni de interinatos constitucionales-, y que comenzaron y terminaron en el período, hubo un total de 101 mandatos en estos 25 años. Fueron interrumpidos el 18,8% de ellos.
Nueve de las salidas anticipadas se dieron por renuncia. Ninguna puede atribuirse a una sola causa, ya que se trata de fenómenos complejos. Pero en cinco de ellas se puede decir que diferentes escándalos de corrupción fueron los disparadores de las crisis de gobernabilidad.
Son los casos de Fernando Collor de Mello (1990 – 1992), en Brasil; Joaquín Balaguer (1994 – 1996), en República Dominicana; Abdalá Bucaram (1996 – 1997), en Ecuador; Alberto Fujimori (1990 – 2000), en Perú; y el propio Pérez Molina en Guatemala.
En ninguno de esos casos debe subestimarse la incidencia de la economía. “Los momentos de inestabilidad presidencial suelen estar correlacionados con momentos de debilidad económica. Cuando hay prosperidad, la opinión pública tiende a ser benevolente con los gobernantes. En cambio, en las fases recesivas, suele ser mucho más sensible a problemas de corrupción, por ejemplo”, sostiene Aníbal Pérez-Liñán, profesor de ciencia política y miembro del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, consultado por Infobae.
