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La fiscalía mexicana (PGR) debe disculparse con la indígena Jacinta Francisco Marcial, condenada injustamente hace 10 años por el secuestro de seis agentes federales, después de una decisión judicial que obliga al organismo a reparar el daño, afirmó hoy Amnistía Internacional (AI).
Una indemnización no resarce “por sí sola el daño ocasionado” a la indígena ñhañhu (otomí) por “haberla detenido, procesado y condenado ilegalmente por el delito de secuestro que no cometió”, aseguró la organización en un comunicado.
La semana pasada, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la sentencia que ordena a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) a reparar el daño provocado a la mujer, disculparse y difundir que es inocente del delito de la cual se le acusaba.
“Esta decisión judicial es inapelable, por lo que la PGR está jurídicamente obligada a cumplir lo ordenado”, señaló AI.
La indígena fue condenada a 21 años de cárcel en 2006 por el secuestro de seis miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que entraron vestidos de civil en un mercado de la localidad de Santiago Mexquititlán, en el estado central de Querétaro, en un operativo en busca de drogas y DVD piratas.
Tras cumplir tres años de condena, fue liberada “tras la decisión de la PGR de no presentar conclusiones acusatorias en su contra; sin embargo, esta misma instancia se negó a reconocer su inocencia”, recordó AI.
Además de este caso, están pendientes de resolución los de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, vinculadas a los mismos hechos y que también fueron encarceladas y liberadas cuatro años más tarde, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no eran responsables de los delitos que les imputaron.
La organización confió en que, al igual que en el caso de su compañera, “el Poder Judicial de la Federación confirme la decisión previa y ordene a la PGR la reparación integral del daño, incluyendo garantías de satisfacción como el ofrecimiento de disculpas públicas”.
La sentencia del Tribunal Colegiado, añadió Amnistía, “abre paso formalmente a las víctimas de la actuación irregular de Ministerios Públicos Federales”, para que estas puedan demandar una reparación integral por la violación de sus derechos humanos.
