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En medio del conflicto entre policías y el ayuntamiento de Acapulco, que ha dejado al municipio sin agentes locales ni de tránsito desde hace medio año, al menos 50% de los comercios establecidos en la zona más tradicional para turistas han cerrado sus negocios.
Hace nueve meses que la policía local está desarmada y hace seis meses que los agentes, entre ellos los de tránsito, están en paro de labores, sin operar en las calles, a pesar de los índices de inseguridad que colocan a esta ciudad como la tercera más violenta del continente, después de San Pedro Sula y Caracas, de acuerdo con las cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.
Al menos 2,400 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en Acapulco están de paro laboral desde julio de 2014, después de una serie de protestas para pedir un aumento salarial, que es 4,400 pesos por quincena, por debajo de la media nacional, y exigir una mayor cobertura de seguro de vida, explica el asesor jurídico de la Asamblea de Policías del Municipio de Acapulco, Jesús Cerdonio Lemus Beltrán.
Entre los elementos hay 1,800 policías preventivos, 400 agentes viales y 200 asistentes de turismo.
En las oficinas de la corporación policial, ubicadas a la altura de la playa Papagayo, los oficiales hacen guardias vestidos con sus uniformes. Se sientan durante horas en las escaleras, la banqueta o en sillas improvisadas, en el estacionamiento donde deberían estar las patrullas.
La versión del alcalde Luis Walton es que desarmó a los policías en abril de 2014 después de que hubo un asalto a una tienda, realizado por un policía preventivo que estaba armado. “Ahí se decidió desarmar a la policía, porque las armas estaban bajo la licencia colectiva del gobierno del Estado de Guerrero”, señala el presidente municipal en entrevista.
Añade que después el ayuntamiento decidió iniciar el proceso de la aplicación de exámenes de control de confianza, con el fin de incorporar a los policías que pasaran a un mando único policial. El alcalde asegura que reprobaron 983 de los 1,470 elementos que asistieron a las evaluaciones. Y que aún no presentan el examen otros 692 policías.
Para el presidente municipal, los policías que reprobaron ya no son parte de la corporación; sin embargo, hasta diciembre de 2014 sólo había liquidado a 239 agentes. “Todavía falta liquidar al resto, y eso en enero (de 2015) estaremos listos”, promete.
¿Y qué dicen los policías?
La versión de los policías es otra, que tiene que ver con que ganan menos que la media nacional y que a pesar de ser una ciudad con índices altos de violencia, familiares de compañeros han tenido que recurrir a abogados para cobrar los seguros de vida, pólizas que tampoco cubren muerte en el ejercicio del deber, dice Lemus Beltrán, el asesor jurídico.
El 2 de enero de 2015, los policías marcharon otra vez por las principales avenidas de Acapulco y prometieron que radicalizarían las protestas si el Ayuntamiento no les paga el sueldo de los últimos dos meses y prestaciones como el aguinaldo, porque si aún no los han liquidado, para ellos siguen siendo empleados de la Secretaría de Seguridad.
De acuerdo con el vocero de los policías, en marzo de 2014, un mes antes de que el gobierno municipal de Acapulco los desarmara, dos de sus compañeros fueron asesinados durante un operativo, pero cuando las familias quisieron cobrar el seguro de vida no pudieron porque no había póliza, descubrieron que no estaban asegurados. Así comenzaron a hacer una serie de protestas, inconformes porque creían que todos los policías estaban asegurados.
Lemus Beltrán señala que a partir de que la violencia fue incrementando en el puerto por la pugna entre organizaciones criminales, el nivel de riesgo aumentó, pero no los beneficios de su seguro médico, porque así como está, dice, no tienen derecho a intervención quirúrgica y tampoco a incapacidades.
“¿Si lo balean? Que dios lo bendiga”, comenta el abogado, rodeado de decenas de policías en huelga.
“A raíz de la protesta del mes de abril, el presidente municipal prometió que iba a dar un bono del 4% y que iba a dar un incremento del seguro de vida”, asegura Lemus Beltrán que les prometió el alcalde Walton. “Después nos dijo que había un problema financiero en el Ayuntamiento, que no tenía dinero”.
“Vino el desarme y después todos los que participaron en las protestas de abril fueron dados de baja”, explica el vocero. Los policías comenzaron el paro el 28 de julio de 2014.
En un pliego petitorio, los policías piden una homologación a su seguro de vida: 250,000 pesos por muerte natural, 500,000 por muerte en cumplimiento del deber y 750,000 si es asesinato colectivo. También quieren que se revisen los exámenes de control de confianza, o que se repitan.
“Hemos encontrado que entre los aprobados hay gente que falleció, otros que estaban dados de baja, una señora enferma o gente de la tercera edad”, acusa Lemus Beltrán.
Menos policías, más comercios cerrados
En medio del conflicto entre policías locales y el ayuntamiento, al menos 50% de los comercios establecidos en la zona más tradicional para turistas han cerrado sus negocios, asegura Laura Caballero, la presidenta de la Asociación de Comerciantes Establecidos de la Costera.
Caballero ha encabezado diversas manifestaciones para pedirle al alcalde Luis Walton y a las autoridades estatales y federales que garanticen la seguridad para ellos y para los visitantes. Ahora ella representa a 200 comercios, hace 10 años representaba a 400.
El mayor problema, dice Caballero, son los asaltos y los pagos de cuota que les exigen las organizaciones criminales que operan en el puerto. La Procuraduría General de la República documenta que al menos seis células remanentes de los Beltrán Leyva se mueven en Guerrero: Los Granados, Guerreros Unidos, Nuevo Cártel de la Sierra, Los Zafiros, El Tigre, Los Ardillos y Los Rojos.
Por temor o porque no tenían más recursos para las extorsiones, unos comercios cerraron, otros se fueron a los mercados, otros en los mercados se fueron al ambulantaje, dice Caballero.
Guerrero también tiene la tasa más alta de homicidios en el país, 39.3 por cada 100,000 habitantes, y es en Acapulco donde ocurren la mitad de estos homicidios, un promedio de 50 asesinatos por mes, según los datos de la fiscalía guerrerense.
“Nosotros estábamos viendo cómo crecía la espiral de violencia en el puerto e hicimos una manifestación en agosto (de 2014) y pusimos lonas en nuestros negocios, pidiéndole un SOS al alcalde y al anterior gobernador de Guerrero (Ángel Aguirre)”, cuenta Caballero en entrevista. “Para muchos de los negocios ya era insostenible el tema de la inseguridad”.
Sobre la confianza en la policía preventiva, Laura Caballero comenta: “Por lo menos conocíamos a nuestro policía, sabes a qué hora llega, a qué hora hace los rondines, teníamos también un policía turística, que ahora están de huelga”.
Agrega que a pesar de los malos elementos, cree que deberían de tomarse en cuenta a los policías honestos. “No todo está mal, pero no hay la capacidad política del alcalde”, opina.
Los bomberos dirigen el tránsito
Acapulco es una ciudad de 800,000 habitantes, la más poblada de Guerrero, con avenidas transitadas, donde a falta de agentes de tránsito, los bomberos de Protección Civil se hacen cargo.
Las tareas de seguridad las realizan entre policías estatales, federales, gendarmes, militares y marinos. Más de 1,000 elementos por todos, calcula el presidente municipal. La gendarmería ha hecho rondines en las colonias más conflictivas, como la Emiliano Zapata, una de las más calientes.
A pesar de la vigilancia, la presencia no es permanente y los delitos siguen.
Escuelas cerradas
Además de los policías, en 50 escuelas de Acapulco no hay clases porque los maestros exigen seguridad.
Justo este martes, unos 200 maestros salieron a las calles del puerto a protestar para pedir que la Policía Federal y la Gendarmería hagan recorridos antes de la entrada a clases y también a la hora de la salida en la zona de las escuelas.
Un hombre que renta motos en la playa, un viejo negocio de su papá, dice que tiene tres hijos estudiantes, a los que manda en taxi todos los días por la inseguridad. “Y es un taxi conocido, porque no estamos fuera, no estamos libres de algún percance”, dice el hombre, que pide anonimato.
Uno de los comandantes de la policía preventiva que está en paro, señala –también sin mencionar su nombre– que la inseguridad en el puerto se ha duplicado desde que los desarmaron. Lleva 10 años como comandante y 21 como policía.
“En 2006 es cuando empezó la violencia y los cuerpos desmembrados, fue en esa época cuando se inició esa situación grave, de ahí empezó la preocupación de todos”, dice. “Anteriormente había secuestros, pero no como se están viendo ahorita, ni las muertes violentas que se han dado”. El comandante asegura que perdió la cuenta de los compañeros que han muerto en operativos. “No son varios, son muchísimos”.
