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Embarazada de 35 semanas, Iracema García Verdugo, de 35 años, debió ser operada de urgencia afectada por una preeclampsia. Su hijo, David Enrique, nació el 30 de agosto en el estado mexicano de Sinaloa y murió a los cuatro días.
El padre, Francisco Cortez Mora, apenas lo vio el primer día por menos de dos minutos, su mujer ni eso. Lo escuchó llorar y nada más.
Sin darles mayores explicaciones, el pediatra les dijo que había nacido con una infección y se lo llevaron al área de “cuneros”.
Con el correr de las horas, comenzó a mejorar y el bebé podía respirar sin la asistencia de un respirador artificial hasta que el 3 de septiembre falleció.
La muerte de David Enrique no parece un caso aislado. Al instituto de seguridad social más grande de América Latina se le mueren bebés y no hay explicación.
La cantidad ni siquiera está clara. Pero de acuerdo a denuncias de los padres, al menos 20 bebés han fallecido en los últimos meses de forma sospechosa en el principal hospital público del estado de Sinaloa, en el noroeste de México.
Aseguran que fallecieron a causa de la bacteria aunque los certificados de defunción que recibieron en el hospital incluyen como principal motivo el “choque séptico”.
El Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), responsable del Hospital Regional Número Uno, en la capital estatal Culiacán, públicamente no acepta esa cifra sino que habla de tres fallecimientos.
El Hospital Regional Número Uno, en Culiacán, es el principal centro de salud del estado de Sinaloa.
Sin embargo, padres de las víctimas aseguraron a BBC Mundo que en un encuentro con autoridades les reconocieron que investigan 84 casos.
Documentos internos del hospital, publicados por la prensa en Culiacán, dan cuenta de 52 neonatos fallecidos entre enero y septiembre.
Existen 23 denuncias en la vía penal presentadas contra el centro de salud ante la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) por parte de 19 padres que demandan saber cómo y por qué murieron sus hijos.
La PGR no respondió una solicitud de entrevista realizada por BBC Mundo y el IMSS, tanto en Sinaloa como en su sede central en Ciudad de México, tampoco aceptó un pedido para conocer la versión de las autoridades.
El IMSS aseguró la semana pasada a BBC Mundo que la postura oficial era la expresada en una conferencia de prensa que funcionarios del instituto dieron el 21 de septiembre en Culiacán.
Era entonces un momento álgido de la crisis. Trece bebés fallecieron entre el 10 y el 30 de septiembre, aseguran los padres.
Para ese entonces al hospital había llegado un grupo de especialistas para intentar dar con las causas de lo ocurrido y una investigación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya estaba en marcha.
Padres de los bebés fallecidos organizaron una protesta frente al hospital.
Los resultados de ese estudio, BBC Mundo pudo saber, ya fueron enviados al IMSS, la PGR y la Secretaría de Salud pero aún no han sido divulgados públicamente.
El viernes 13, el delegado de la PGR en Sinaloa, Jesús Rodríguez Prado informó que la fiscalía citará a declarar a 226 empleados (136 enfermeras y 90 médicos) del IMSS.
“En la reunión que se tuvo con los padres y madres de los recién nacidos hemos dado cuenta con precisión del número de servidores públicos, tanto médicos, especialistas, como personal de enfermería que será llamado a comparecer”, aseguró el funcionario.
“Nos comprometimos a impartir justicia”, añadió.
“Fallo en los protocolos de seguridad”
Justicia es lo que buscan los padres. Justicia es lo que decía un cartel que adornaba un altar que armaron a fines del mes pasado en la puerta del hospital en el marco de una protesta para alertar sobre la situación.
“Aunque el IMSS abiertame nunca le reconoció a los familiares que hubo un fallo en los protocolos de seguridad, internamente lo reconoció”, le dice a BBC Mundo la doctora Tere Guerra, presidenta de la organización Mujeres Activas Sinaloenses y representante legal de las familias.
“Tan lo reconoció –continúa– que tuvo que evacuar las áreas donde murieron los bebés”.
Esa zona de “cuneros” del hospital estuvo cerrada durante dos semanas mientras las autoridades investigaban.
Los padres creen que las autoridades están escondiendo algo y exigen una explicación.
Uno de los encargados de la pesquisa era el pediatra José de Jesús Arriaga, titular de Prestaciones Médicas del IMSS.
En una reunión que tuvo lugar a comienzos de mes en Ciudad de México entre Arriaga y otras autoridades con los padres, este funcionario pidió “disculpas” a los padres, según contó a BBC Mundo Guerra.
“El doctor Arriaga nos dijo que tenían abiertas 84 investigaciones por sepsis, que no todas habían desencadenado en muertes”, explicó la abogada de las familias.
Guerra aseguró que otros padres no se atreven a presentar sus denuncias por temor a represalias cuando en el futuro deban volver a utilizar los servicios del IMSS.
“(Las autoridades) están tratando de evadir su responsabilidad y lo que queremos es que el instituto no evada su responsabilidad”, apuntó.
Los padres, al menos algunos de ellos, confían en que la verdad de lo ocurrido está cerca.
“Están escondiendo algo”
Cortez Mora asegura que los médicos le dijeron que no sabían por qué había fallecido y le entregaron un acta de defunción que se limitaba a decir que la causa había sido un “choque séptico”.
La dirección del hospital no le dio una respuesta y tuvo que venir a Ciudad de México, a una reunión con las autoridades del Instituto Mexicano de Seguridad Social, para intentar encontrar una explicación.
Al contar su caso cuando un grupo de padres compareció ante el Senado a comienzos de meses, no pudo contener las lágrimas.
En una conversación telefónica con BBC Mundo, vuelve a llorar.
“Estamos seguros de que están escondiendo algo, que hubo negligencia, una contaminación y que no tomaron las medidas adecuadas. Es una muerte ocasionada por el Estado, ha estado omiso para aportar las pruebas para solucionar el caso”, dice.
Cortez Mora piensa recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que las autoridades divulguen la información que, asegura, están reteniendo.
Cortez Mora es uno de los Diez padres pidieron a la fiscalía que se realicen las correspondientes exhumaciones (se espera que se lleven a cabo esta semana) para mediante autopsias poder determinar cómo murieron sus hijos.
“Se me acabó el mundo”
Con 26 años, Verónica Gastélum Muñoz, esperaba su primer hijo.
Había tenido un embarazo normal hasta que el último fin de semana de agosto, con 34 semanas, notó algo inusual.
Gael Emiliano se movía poco y decidió ir al hospital. A llegar, le dijeron que debía hacerse una césarea de forma urgente.
Nació un 29 de agosto con problemas pulmonares y quedó internado pero su evolución fue buena durante la primera semana.
“No es justo, esto no fue obra del Señor, esto fue un error humano, por falta de atención, por falta de insumos, por falta de limpieza, la institución era un asco, es todavía”, asegura Verónica Gastélum Muñoz.
Una tarde, tras salir a almorzar, Gastélum Muñoz fue a ver a su hijo y los médicos le dijeron que tenía un color extraño, y que un análisis había determinado que el bebé tenía sepsis.
Empeoró y lo quisieron trasladar al área de terapia intensiva pero estaba repleta por lo que debió permanecer en la zona de “cuneros”.
Gastélum Muñoz se queja de que por las noches apenas había un pediatra para atender a cinco bebés en estado grave y 30 recién nacidos.
“Siento que empeoró porque no tuvo la atención que merecía. Debajo de su cuna siempre había un bote de basura”, cuenta Gastélum Muñoz a BBC Mundo.
El bebé sufrió dos infartos el 8 de septiembre, otro más al día siguiente y murió: “Se me acabó el mundo, no lo podía creer”.
Falleció, de acuerdo con el acta de defunción, por “choque séptico y sepsis severa”.
Su madre cree que hubo algo más: “No es justo, esto no fue obra del Señor, esto fue un error humano, por falta de atención, por falta de insumos, por falta de limpieza, la institución era un asco, es todavía”.
Con el correr de los días, empezaron a divulgarse casos similares en la prensa y pensó que era necesario alzar la voz y presentar una demanda.
“Era nuestro primer hijo, era, porque por culpa del IMSS no es, ha sido muy difícil”.
“¿Por qué no nos dan los resultados de la investigación? ¿qué están escondiendo? Creo que quieren tomar tiempo, y más tiempo y más tiempo, y lamentablemente las autoridades se los están dando”, se lamenta.
“Me da mucha impotencia”
“Me da mucha tristeza y mucha impotencia todo lo que está ocurriendo. No sé qué estén tratando de hacer, no sé qué estén tratando de esconder”, le dice a BBC Mundo Vielca Hernández López.
Asegura que las condiciones de higiene y salubridad del centro de salud estaban lejos de ser las ideales.
“Batallábamos mucho por la limpieza, no nos proporcionaban batas, durábamos una semana con la misma bata para entrar al área de cuidados intensivos para ver a los bebés”, explica.
Las autoridades hicieron hincapié en que se trata de un hospital que atiende “casos complejos”.
“Las enfermeras también batallaban mucho, a ellas mismas tampoco les llega el material, batas, guantes”.
Residente de Guamúchil, unos 100 kilómetros al norte de Culiacán, viajó a la capital estatal para tener a sus gemelas que nacieron de forma prematura en enero.
María Fernanda apenas pesó 620 gramos y murió a los nueve días, el 25 de enero.
María Alexandra, quien al nacer tuvo un peso de 740 gramos, pasó internada en una cuna térmica ante la falta de incubadoras, pero aun así logró resistir hasta el 14 de mayo.
Para ese entonces había alcanzado 1,7 kilos aunque llevaba un mes y medio luchando contra una bacteria. Se trataba de kleptiella, le confesó una doctora a Hernández López.
Sin embargo, el acta de defunción no la menciona sino que habla de “insuficiencia respiratoria, renal, sepsis temprana y tardía, prematurez extrema”.
“Ha sido muy difícil esperarlas con tanta ilusión –dice– esperamos que en un futuro podamos embazarnos y que esta vez sea todo diferente. Es por eso que mi esposo y yo decidimos demandar al IMSS, porque el día de mañana me vuelvo a embarazar y yo tengo esperanzas de que el IMSS cambie”.
“El hecho de que sean prematuros no significa que se tengan que infectar”, se queja.
La defensa de las autoridades
Ése ha sido, precisamente, uno de los argumentos de las autoridades sanitarias a la hora de intentar explicar lo ocurrido.
En esa conferencia de prensa ofrecida en Culiacán el 21 de septiembre, las autoridades dieron cuenta de tres fallecimientos y que se analizaba la situación de 16 pacientes.
El doctor Arriaga hizo hincapié en que se trata de un hospital que atiende “casos complejos”.
“Es importante que tengamos la idea de que los niños que ameritan atención se caracterizan por o tener bajo peso, o ser prematuros, o tener alguna complicación de insuficiencia respiratoria o alguna malformación en el intestino, que hace que requieran un cuidado especial”, señaló el pediatra.
“La investigación de un fenómeno de este tipo es una investigación muy minuciosa que requiere mucho tiempo”, dijo por su parte Gustavo Sánchez Huerta, pediatra infectólogo y director médico del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza.
“Las bacterias están en todos lados y las unidades de cuidados intensivos no son la excepción (…) ni en la mejor terapia intensiva del mundo podemos evitar las infecciones”, añadió.
Dos días después, en una entrevista, el director del seguro social, José Antonio González Anaya, señaló: “Ocurrió una situación de comportamiento anormal la semana pasada en el hospital y esto detonó en un protocolo de investigación”.
El funcionario informó del fallecimiento de dos bebés con esta bacteria pero aseguró que eran prematuros y tenían otros problemas.
“Ni siquiera podemos decir que ésta (la bacteria) haya sido la causa del lamentable fallecimiento”, explicó.
El IMSS ya estuvo bajo la lupa este año cuando dos bebés fallecieron y 29 resultaron infectados tras la aplicación de una vacuna en una clínica dependiente de este organismo en el estado de Chiapas.
Ante el Senado, González Anaya, en una comparencia días atrás no relacionada con este incidente, admitió que existen problemas internos en la institución.
Unos 70 millones de mexicanos dependen en materia de salud del IMSS, un organismo que, reconoció González Anaya, tiene un déficit de unos 25.000 millones de pesos (casi US$1.500 millones).
