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En rueda de prensa, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano dio a conocer un proyecto de Ley de Austeridad y Ahorro para el estado de Jalisco, misma que ya es parte de la agenda del poder legislativo, para impulsar una legislación que le imprima racionalidad y austeridad al gasto público.
En conferencia de prensa, Clemente Castañeda explicó que la conclusión de la redacción de esta iniciativa (que se presentará formalmente en la próxima sesión del Pleno), abrirá un debate sobre todo lo que tiene que ver con el gasto público, particularmente en materia de austeridad.
El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano comentó que luego de una discusión muy intensa sobre las finanzas públicas de Jalisco con el tema de la deuda y con un nuevo gobierno estatal a punto de comenzar, “este es un tema indispensable que se debe empezar a discutir”.
Esta Ley de Austeridad y Ahorro busca “frenar la opacidad y el derroche de recursos que priva en muchas instancias públicas y sobre todo porque se ha creado una especie de círculo vicioso de cinismo, de corrupción y de opacidad en la vida pública de Jalisco”, lamentó Clemente Castañeda.
En Movimiento Ciudadano creemos que solo un marco normativo coherente y de aplicación obligatoria en materia de austeridad servirá para tener un ejercicio de recurso racional, transparente y controlado. La austeridad es más que un discurso, es demostrar que se puede gobernar con racionalidad, con principios y de cara a los ciudadanos, y sobre todo es dejar de gastar el dinero en tonterías para rendirle cuentas a la gente, destinando los recursos que se generen de programas de ahorro y austeridad en inversión pública y combate a la desigualdad.
La Ley de Austeridad y Ahorro para el estado de Jalisco contempla los siguientes cinco capítulos:
- Disposiciones generales.
- Mecanismos de Control y Seguimiento.
- Control a los gastos en Servicios Personales.
- Límite a gastos en Servicios Generales, de orden social y adquisiciones y,
- Sanciones.
Se pretende que esta Ley de Austeridad y Ahorro sea obligatoria para toda la administración pública estatal, es decir, para los tres poderes del estado y sus dependencias, los organismos públicos autónomos, los 125 municipios, los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, las empresas de participación estatal o municipal, los fideicomisos públicos estatales y municipales, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, y los organismos públicos intermunicipales y metropolitanos.
Respecto al apartado de Control y Seguimiento, Clemente Castañeda resaltó que, todo ente público estaría obligado a tener un Comité de Austeridad y Ahorro con participación de la sociedad civil; también, que todos los entes públicos estén obligados a tener un Programa de Austeridad y Ahorro, un Reglamento y un Plan de Optimización de su estructura laboral. Además, se tendrán que canalizar los recursos que se obtengan de todos estos programas de ahorro y austeridad en un Fondo de austeridad que se refleje con toda puntualidad en las Leyes de Ingresos y en su Presupuesto, destinando los recursos a inversión productiva, es decir, “no se puede ir [los recursos ahorrados] ni a la ampliación del gasto corriente ni a la ampliación de la nómina ni a cualquier otra ocurrencia”.
Respecto a los Servicios Personales, se le pone un tope a los salarios de los altos funcionarios, para que ganen no más de 50 salarios mínimos mensuales, de acuerdo a lo principios que señala la propia Constitución del Estado en su artículo 111. También quedarán prohibidos los bonos y gratificaciones, los seguros médicos privados, los secretarios privados o equivalentes. “Esta Ley podría fungir como una Ley Reglamentaria de las disposiciones constitucionales, porque lo que hemos visto es que en muchas ocasiones sigue habiendo huecos y se burla la propia normatividad”, señaló Clemente Castañeda. Y a la par, se crearía un programa de optimización de las estructuras orgánicas y ocupacionales en todos los entes públicos, que sería una obligada reingeniería administrativa que permita ser mucho más eficientes.
En el caso de los Servicios Generales, las adquisiciones y gastos de orden social la propuesta es ponerle un tope a los gastos en medios de comunicación, para que no sea mayor al 0.5 por ciento del presupuesto de la dependencia.
También se propone que se eliminen gastos en viáticos, en telefonía celular y gastos de representación para altos mandos, así como la transportación en primera clase y vehículos de lujo. Se propone un programa anual de compras para todas las adquisiciones, y la reducción en gasto corriente como papelería, útiles y servicios.
Finalmente en lo que tiene que ver con las sanciones, se considerará como falta grave violar esta Ley, por lo que las sanciones se aplicarían en los términos de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos y el Código Penal, por lo que irían desde una amonestación hasta la destitución con cargos administrativos y/o penales.
En el caso particular del Poder Legislativo, se tendría que crear una Comisión de Austeridad y Ahorro para regular la aplicación de esta Ley, recibir denuncias ciudadanas, adecuar la legislación en la materia y asesorar a los entes públicos.
Por último, Clemente Castañeda explicó que las consecuencias que tendría una legislación de esta naturaleza recaerían en un impacto en las finanzas públicas, que podrían representar un ahorro de más de 3 mil millones de pesos anuales.
En Movimiento Ciudadano creemos que esta es la oportunidad para que todas las fuerzas políticas demostremos el compromiso que tenemos para transformar las instituciones y cambiar la forma de hacer política, más allá de los discursos y las soluciones cosméticas.
