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Esta mañana en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco se efectúo la Sesión de Trabajo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde el Diputado Juan José Peri Cuevas García compareció en su calidad de Consejero por ministerio de Ley, al presidir el Legislador vallartense la Comisión de Readaptación Social del Congreso de Jalisco.
Durante el desarrollo de la sesión fueron abordados diversos asuntos, entre ellos, la imperiosa necesidad de revisar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado respecto de las pruebas de control de confianza y del procedimiento administrativo para la separación de los elementos de las corporaciones policiacas, en su caso, a ese respecto el Diputado Cuevas García manifestó su total compromiso en las propuestas para generar las iniciativas necesarias que puedan abatir en su momento, las lagunas que hoy día existen en las disposiciones legales de la materia y que han venido surgiendo a partir de la vigencia y aplicación de las mismas en Jalisco.
El Diputado Cuevas García señalo que se comentaron ampliamente los criterios con los que operan actualmente en la aplicación de las evaluaciones del control de confianza a las fuerzas públicas, a saber: 1. Toxicológico; 2. Polígrafo; 3. Socioeconómico; 4. Estabilidad Psicológica; 5. Médico; Asimismo, se explicaron los criterios que ha venido aplicando la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de que este control de confianza es un requisito de permanencia, que sólo generará pago de indemnización para quien sea separado de su encargo, si y solo si un juez emite una resolución de que el procedimiento fue inadecuado. De otro modo, no genera ningún otro derecho, Estos y otros puntos son los que dieron debate y compromiso para analizarlos y apoyar a los ayuntamientos de Jalisco con las disposiciones reglamentarias necesarias para su correcta aplicación.
En la reunión se pidió trabajar para unificar los criterios jurídicos entre las leyes federales, estatales y los reglamentos municipales, así como más reuniones con los Magistrados del Tribunal Administrativo, que permitan conocer de manera más amplía los criterios que aplican y el procedimiento correcto, además de poder establecer un taller jurídico al interior de cada ayuntamiento que les genere práctica profesional en ese tema a los abogados que ahí laboren, por lo que a su vez se les solicito apoyo a los Diputados para hacer las reformas pertinentes para determinar con precisión a quienes les compete la ejecución de estos procedimientos administrativos de separación del cargo cuando por los resultados de los controles de confianza de los servidores públicos no puedan continuar, dado que las leyes dicen que se trate de un órgano colegiado pero no se establece por quienes debe estar integrado.
