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En un hecho histórico, Mexicanos Primero sentó precedente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acepte y resuelva juicios de amparo de organizaciones civiles para denunciar y exigir la reparación del daño sobre hechos de corrupción.
Por unanimidad, esta tarde la SCJN resolvió a favor de Mexicanos Primero el amparo que interpuso para exigirle a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que ejercite sanciones fiscales e interponga denuncias penales en contra de los secretarios de Educación y Finanzas y los líderes sindicales de las 31 entidades y el Distrito Federal.
Con esta resolución, la Corte obliga a la Auditoría a que exija el resarcimiento del daño que encontró en los ejercicios fiscales 2009 y 2010 contra las entidades, que ilegalmente utilizaron 2 mil 595.6 millones de pesos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB) para pagarles sueldos y compensaciones a comisionados sindicales, hacer pagos no vinculados con los objetivos del fondo y emitir pagos posteriores a la fecha de baja o durante las licencias sin goce de sueldo a empleados.
“El amparo se presentó contra esa dependencia porque, a pesar de que el Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 2009 y 2010 determinaron múltiples irregularidades, la propia ASF omitió fincar responsabilidades administrativas y penales en contra de los funcionarios públicos que ejercieron los recursos”, señala un boletín emitido por la firma de abogados Luis Manuel Pérez de Acha, que llevó el caso.
En entrevista, el abogado explicó que -a partir de esta resolución de la Corte- si la Auditoría no ejerce acción legal contra de los funcionarios responsables de desviar los recursos que pertenecían a la educación, entonces será el auditor Superior quien enfrente responsabilidad como funcionario público.
La organización interpuso el juicio de amparo a través de una figura jurídica conocida como “interés legítimo” que quiere decir que un ciudadano tiene la posibilidad de presentar un amparo cuando se afecten intereses colectivos.
En este caso, demandó corrupción por desvío de recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB), la bolsa de recursos que el gobierno federal entregaba a los estados para que pagaran la nómina salarial y operaran las escuelas federales.