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El Vaticano se presentó ante el Comité de la ONU contra la Tortura argumentando que, desde el punto de vista legal, carece de jurisdicción -y, por tanto, de responsabilidad- sobre los miembros del clero que puedan haber cometido delitos diversos, como abusos sexuales de menores.
En menos de cuatro meses, el Vaticano volvió a someterse al escrutinio de un órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas, donde la discusión se centró nuevamente -como ocurrió en el Comité sobre los Derechos del Niño a mediados de enero- en los casos de pedofilia en el seno de la iglesia.
“La Santa Sede desea reiterar que las personas que viven en un país están bajo la jurisdicción de las autoridades de ese país y sometidas a sus leyes nacionales”, declaró en la comparecencia de hoy el representante permanente del Vaticano ante la ONU en Ginebra, Silvano Tomasi.
En su intervención, alegó que la Santa Sede “ha cumplido de buena fe con las obligaciones asumidas bajo la Convención contra la Tortura, integrando sus valores y principios en la legislación de la Ciudad del Vaticano”.
Tomasi entró entonces en un disquisición jurídica sobre en quién recae la responsabilidad de perseguir y juzgar a quienes, en su función de representación de la iglesia católica, han cometido delitos, tales como la pederastia.
“La Santa Sede, como miembro de la comunidad internacional, está relacionada, pero es una entidad separada y distinta del territorio de la Ciudad del Vaticano, sobre la cual ejerce soberanía”, sostuvo.
Agregó que son las autoridades de cada Estado las responsables de aplicar la justicia “frente a crímenes y abusos cometidos por personas bajo su jurisdicción”.
Esta argumentación fue rechazada de plano por la relatora del comité, Felice Gaer, quien declaró que “causa preocupación porque sugiere que (el Vaticano) cree que la convención se aplica sólo a sus cuatro esquinas y a los que están dentro”.
La jurista cuestionó el intento de distinguir y separar al Vaticano de la Santa Sede, como si la primera “fuese una subdivisión” de la segunda.
“Nunca antes hemos visto un intento de ratificar una convención sólo para una parte de si mismo, como si (el Vaticano) fuese una provincia de un Estado (la Santa Sede)”, criticó.
De igual manera, objetó la pretensión del Vaticano de excluir a sus funcionarios en el exterior de la responsabilidad que les atañe en aplicación de los tratados internacionales.
“Esto no es conforme a nuestra práctica. La convención (contra la tortura) debe aplicarse a todos los funcionarios de un Estado, incluso a los que están en el extranjero, donde sea que se encuentren”.
Gaer planteó a la delegación encabezada por monseñor Tomasi preguntas muy claras y específicas sobre las que espera una respuesta el martes, en la segunda parte de la comparecencia del Vaticano ante el comité.
Basándose en recientes comentarios del propio Tomasi a la prensa, según los cuales desde 2004 más de 700 sacerdotes han sido apartados de sus funciones por la Santa Sede por acusaciones de abusos sexuales, Gaer le preguntó cuántos están ahora siendo investigados por instancias del Vaticano.
“¿Nos pueden brindar información de las acusaciones sobre los miembros del clero que están siendo investigados por la Congregación de la Doctrina de la Fe y si han sido apartados de su función como medida de prevención?”, preguntó.
“Todos los que están bajo investigación, ¿están suspendidos de sus funciones para evitar que sigan cometiendo abusos o que intimiden a las víctimas?”, prosiguió Gaer, que demandó al representante vaticano “números precisos de cuántas personas han sido encontradas culpables”.
Al término de la primera parte de la audiencia, Tomasi dijo que la discusión dejó en evidencia que persisten importantes diferencias de opinión entre lo que se considera la responsabilidad legal y moral de la iglesia, “una distinción que es básico aclarar”.
Aunque reconoció que la Iglesia todavía debe terminar de “hacer su propia limpieza dentro de la casa”, Tomasi dijo que está documentado que los casos de pederastia están en declive y que éste es el resultado de “las medidas adoptadas en los diez últimos años por la Santa Sede y las iglesias a nivel local”.
“Hay resultados positivos y continuaremos en esta dirección”, aseguró.
