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El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el dictamen que expide la nueva Ley de Competencia Económica, la cual busca dar certeza jurídica a consumidores y eliminar los monopolios, con nuevas reglas de acceso a las empresas y a los mercados económicos.
Durante la sesión ordinaria de este viernes y en un largo debate, se avalaron por 105 a favor, cuatro en contra y una abstención las reformas que incluyen cambios al Código Penal Federal y que establecen sanciones millonarias a empresas que promuevan el acaparamiento, los monopolios y las concentraciones ilícitas en los mercados.
El senador del PAN, Héctor Larios expuso en tribuna la importancia de esta reforma y dijo que de acuerdo a la OCDE “hay mercados en México donde los consumidores pagamos hasta el 30 por ciento más de un sobre precio por falta de competencia o por manipulación mejor dicho de los mercados”.
“Hoy en México seguimos siendo, como alguno lo bautizó, un país de dos: dos proveedores de harina de maíz, que es el insumo esencial para la tortilla; dos cadenas de cines; dos canales de televisión; dos productores de cerveza; dos grandes embotelladores de refrescos; un gran productor de pan; dos productores grandes y distribuidores de pollo, una alta concentración en bancos, en cemento, en fierro, en telecomunicaciones, en aviación, en muchísimos mercados”.
Por su parte, el senador del PRI, José Ascensión Orihuela, destacó que en el país los consumidores gastamos alrededor del 42 por ciento adicional por la existencia de mercados en algunos sectores de la economía con alta concentración, es decir con poca o nula competencia.
“Los mercados concentrados y los monopolios al fijar precios excesivos de productos y servicios, reducen la capacidad de consumo y de ahorro de las familias, sobre todo, de aquellas más vulnerables”, apuntó.
Alejandro Encinas, senador del PRD, criticó que en materia de mercados relacionados, la nueva ley no contiene ninguna definición de mercado relacionado, como tampoco contiene una serie de elementos que permitan tipificarlo, ya que la ambigüedad de este concepto de mercado en esta legislación ha generado problemas al momento de evaluar riesgos competitivos.
De acuerdo al dictamen avalado, la nueva ley prohíbe los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que disminuyan, dañen o impidan la libre concurrencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios.
Asimismo, establece que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) es un órgano autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento, imparcial en sus actuaciones y que tiene por objeto garantizar la libre concurrencia y competencia económica.
Faculta a la Comisión para prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
También autoriza a la Cofece a imponer sanciones y ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia, determinar la existencia y regular el acceso a insumos esenciales, así como decidir la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.
De igual forma, podrá realizar visitas de verificación, citar a declarar a personas relacionadas con las investigaciones y requerir la exhibición de papeles, libros, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.
Esto para comprobar el cumplimiento de esta ley, además de solicitar el apoyo de la fuerza pública o de cualquier autoridad pública para el eficaz desempeño de sus atribuciones.
Otra de las funciones que realizará la Cofece será formular denuncias y querellas ante el Ministerio Público sobre las probables conductas delictivas en materia de libre concurrencia y competencia económica, además de presentar solicitud de suspensión respecto de probables conductas contra el consumo y la riqueza nacional.
Esta reforma reglamentará el Artículo 28 de la Constitución en materia de competencia económica y establece que se sancionará con prisión de cinco a 10 años de cárcel y con mil a 10 mil días de multa, a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios o combinaciones con agentes económicos competidores entre sí para fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes y servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados.
Para la discusión en lo particular se realizaron más de 40 reservas en igual número de artículos que se prevé desahogar en la sesión ordinaria de este viernes.