Observatorio Bahia Noticias Puerto Vallarta
Articulos Relacionados
En los últimos 17 años, los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón han concesionado una extensión equivalente a la mitad del territorio del país en proyectos a mineras extranjeras, en perjuicio de las comunidades rurales, principalmente de los pueblos indígenas, sostiene el Estudio de la minería en México, elaborado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de la Secretaria de Gobernación.
“Desde 1993 (año en que comenzaron las negociaciones para la apertura comercial del país) hasta finales del 2012 (última cifra publicada) se han otorgado 43 mil 675 concesiones mineras que representa una superficie territorial de 95 millones, 765 mil 800 hectáreas; lo que significa casi la mitad del país”, dice el estudio de la dependencia del gobierno federal.
No obstante, de dichas concesiones, sólo la tercera parte está vigente. Al mes de julio de 2013, se expidieron 644 títulos de concesiones mineras que amparan una superficie de 1.6 millones de hectáreas, refiere el Primer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, entregado el pasado 1 de septiembre al Congreso de la Unión.
México acumula “un total de 26 mil 064 títulos de concesión minera vigentes en una superficie total de 30.68 millones de hectáreas”, lo que equivale a la sexta parte del territorio.
“En los sexenios de Zedillo, Fox y Calderón se entregaron en concesiones mineras 96 millones de hectáreas, según los datos que aparecen en la Semarnat, contando año por año. Es decir se entrega casi la mitad del país”, insistió Jaime Martínez Veloz, titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas.
“Si comparas la propiedad social, los datos que he visto de la reforma agraria es que la propiedad social anda alrededor de 105 millones de hectáreas entre lo que se repartió a los ejidos y las propiedades comunales; entonces tenemos que en estos tres sexenios existe una regresión y una involución a todos gobiernos después de la Revolución, que hizo del reparto agrario una bandera, dado que fue una de las causas que motivaron la Revolución Mexicana”, agregó.
Presión en zonas indígenas
El estudio de Segob señala que la explotación minera en los territorios indígenas de México ha transformado la tensión social entre las comunidades, empresas y gobiernos de distintos órdenes.
Detalla que dos millones 137 mil 414 hectáreas de territorio donde viven 42 pueblos indígenas en México son explotadas por empresas mineras y ello se ha convertido en “la génesis de múltiples conflictos sociales, que, en algunos casos, han derivado en enfrentamientos armados, desplazamientos forzados de comunidades y aumento de la violencia, acelerando la descomposición del tejido social”.
Señala el estudio que la minería en territorio indígena se hace generalmente a cielo abierto y de manera masiva, lo que conlleva a que se trabaje en una mayor cantidad de tierras, no sólo para su exploración y extracción, sino también para el acondicionamiento para el funcionamiento de la industria (caminos, tiraderos, remoción de tierra); además predomina en estos territorios la minería que utiliza grandes cantidades de cianuro para el proceso de lixiviación, que contamina grandes volúmenes de tierra y agua.
“Esto se ha venido realizando sin respetar los derechos que tienen los pueblos indígenas sobre su territorio: a su propiedad, al uso y goce de sus recursos, y a la consulta, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los convenios y tratados internacionales en la materia”, puntualiza.
La Comisión para el Diálogo del gobierno federal hace hincapié en que las concesiones mineras otorgadas para la exploración y explotación en territorio indígena, atentan contra su existencia como pueblos.
“Según señala el investigador antropológico Eckard Boege Schmidt, algunos permisos para empresas mineras abarcan gran parte de la totalidad de los territorios de pueblos indígenas pequeños en población, como los cucapás, guarijíos, kikapoo, kiliwas, nahuas de Michoacán y Pimas; y los más afectados por el tamaño del territorio concesionado son los chatinos, coras, mixtecos tarahumaras, tepehuanes y zapotecos”.
Entrega de permisos
De acuerdo con el trabajo de la comisión, la mayor parte de las concesiones de exploración y explotación a la industria minera se entregaron en los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
El estudio señala que las concesiones mineras en México son otorgadas por la Secretaría de Economía y pueden durar hasta 50 años con la posibilidad de renovarse otros 50 años y no hay límite en el número de concesiones otorgadas a una empresa.
“Las empresas extranjeras se pueden constituir con el 100 por ciento de capital extranjero, teniendo además como ventajas el hecho de que el gobierno no cobra derechos sobre productos minerales, además los derechos sobre los minerales se pueden transferir a ciudadanos o empresas mexicanas”, dice el estudio y agrega:
“La información oficial que existen referente al número de concesiones mineras actualmente otorgadas disfraza por mucho la realidad: según datos de la Secretaría de Economía en la actualidad existen 26 mil 007 concesiones mineras vigentes y éstas corresponden únicamente al 13.8 por ciento del territorio nacional.
“Sin embargo –sigue el estudio de la dependencia federal–, es importante considerar tres puntos: 1.- La tasa de crecimiento de concesiones mineras es más elástica y crece más aceleradamente en el sexenio de Zedillo dado que a partir de 1996 se empieza a experimentar la entrada de capitales extranjeros en la minería a raíz de la maduración de las reformas comerciales y de la Ley, 2.- En el periodo de Ernesto Zedillo se otorgaban por separado los permisos de exploración y explotación, pero a partir del 2006 es título único para cualquiera de las actividades y 3.- A pesar de que Felipe Calderón otorgó mayor número de títulos, durante el sexenio de Ernesto Zedillo se otorgaron mayor número de hectáreas; es decir, que el territorio nacional cedido a los extranjeros fue mayor en este último, consecuencia de la apertura comercial sin control hacendario”.