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Con 8 votos a favor y 3 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la Ley de Geolocalización que permite a la Procuraduría General de la República (PGR) solicitar en tiempo real y sin previa orden de un juez la geolocalización de celulares relacionados con delitos graves como narcotráfico, extorsión y secuestro.
Los ministros que votaron a favor fueron Margarita Luna Ramos, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Fernando Franco, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar y Juan Silva Meza, presidente de la SCJN.
Para estos ministros consideraron que esta medida atiende el principio de oportunidad en la investigación y persecución de los delitos y la localización de los sospechosos y las víctimas.
Por su parte, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Sergio Valls, sufragaron en contra por considerar que la ley es violatoria de los derechos humanos.
Estos últimos ministros apoyaban el recurso de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las reformas en que se modificaron los artículos 133 al Código Federal de Procedimientos Penales el 16 de la Ley de Telecomunicaciones.
El organismo sostiene que la geolocalización geográfica de los celulares sin un requerimiento judicial viola el derecho a la privacidad y las garantías de legalidad y seguridad jurídica de los ciudadanos.
