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Seis días después de la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán de una cárcel de máxima seguridad, el presidente de México Enrique Peña Nieto, recién llegado este viernes de una visita de Estado a Francia, ha comparecido en un acto empresarial y ha reconocido el fiasco de la evasión del capo: “El gobierno de la República asume plenamente la tarea que implicaba mantener plena vigilancia sobre este delincuente”, ha dicho el mandatario.
Peña Nieto, cuyo papel en la crisis de gobierno por la fuga ha sido puesto en cuestión por voces de la política y la opinión publica que sostienen que debió regresar de inmediato de Francia, ha dicho que tiene “confianza plena” en que las Fuerzas Armadas y los órganos de seguridad “logren su aprensión” de igual manera que se logró el año pasado cuando Guzmán fue puesto entre rejas.
El presidente afirmó que durante su estancia en Francia dio “puntual seguimiento” a la investigación de la fuga, ordenó “fortalecer la vigilancia en los centros penitencarios de máxima seguridad” y “emprender acciones para la recaptura del delincuente”, al que no se refirió en ningún momento por su nombre sino como “un importante delincuente” o “un delincuente de alta peligrosidad”.
Peña Nieto definió la evasión de Guzmán por un túnel de la prisión de máxima seguridad del Altiplano como “un agravio para la sociedad mexicana”, reconoció “la fustración y el enojo” que el caso está provocando en la sociedad mexicana y afirmó que “la única manera de restituir el agravio es la recaptura del delincuente y castigar con todo el peso de la ley” a los posibles complices de la evasión.
Añadió que ha ordenado a la responsable de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, “una investigación a fondo que determine dónde pudo haber complicidad y de quiénes” para que “sean sancionados”. Esta misma mañana, antes del discurso del presidente, se anunció que la PGR ha detenido a siete funcionarios por su supuesta implicación en la fuga del líder del cartel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán.
La sonada evasión del narcotraficante ha supuesto un duro golpe para la imagen del presidente Peña Nieto, cuya popularidad ya venía lastrada por la tragedia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la polémica por la propiedad de la mansión de su esposa, la lenta implementación de las reformas estructurales que ha lanzado en su presidencia y la anemia de la economía mexicana.