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Un peritaje del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) concluyó hoy que no hubo incendio en el basurero de Cocula la noche en que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desmontando una vez más la llamada “verdad histórica” del Gobierno mexicano.
“No hay consistencia entre la evidencia científica y testimonial, por lo que se determina que en el basurero de Cocula no pudo haber ocurrido el evento con el que en su ‘verdad histórica’ la Fiscalía pretendió dar por resuelta de desaparición de los 43 normalistas”, aseguró el equipo.
El EAAF puso de nuevo en entredicho la versión oficial del caso como ya hicieron expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en varias ocasiones tras el análisis de pruebas científicas recabadas in situ y tomas satelitales.
Según la “verdad histórica” proclamada en enero de 2015 por el entonces fiscal Jesús Murillo, los 43 jóvenes fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero del municipio aledaño de Cocula.
El informe del EAAF “viene a recalcar lo que nosotros ya sabíamos. Que ahí no hubo ninguna quema. Somos campesinos e indígenas, sabemos perfectamente cómo son este tipo de quemas”, sentenció Mario González, padre de uno de los 43 desaparecidos, en una multitudinaria rueda de prensa celebrada en la Ciudad de México.
El resultado del peritaje realizado entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre “ha hecho pedazos la verdad histórica”, añadió.
No hay “evidencia biológica ni no biológica” rescatada de Cocula que pruebe un fuego de la “magnitud” y la “duración” requerida para “la incineración en masa” de los 43 estudiantes, aseguró Mercedes Doretti, miembro del equipo argentino.
Dicha conclusión se sustenta en elementos como la presencia de plantas sin daños mayores en la zona principal del basurero y con un crecimiento de más de 30 días, lo que no encaja con la existencia de un incendio entre el 26 y 27 de septiembre, señaló Miguel Nieva, también miembro del grupo forense.
Tampoco coinciden las declaraciones de los supuestos responsables en relación a las armas utilizadas para asesinar a los estudiantes, de calibre corto, con las pruebas de balística recabadas a través de 132 casquillos y 6 proyectiles, 2 sin disparar.
El EAAF detalló que 35 de las 39 armas identificadas en los restos de bala encontrados en el área son de largo calibre y “distintas a las que portaban esa noche los inculpados”.
De hecho, agregó Nieva, los dos calibres más utilizados, que representan el 87 % de los casquillos recuperados, ni siquiera son mencionados por los presuntos responsables.
Además, el EAAF denunció irregularidades en un peritaje de la PGR sin la presencia de peritos independientes luego de hallar 41 casquillos, todos juntos, en una zona ya inspeccionada.
El equipo forense, compuesto por especialistas de ramas tan diversas como la anatomía, la antropología, la geología, la dinámica de fuego o el análisis de imágenes satelitales, también ahondó en el análisis de los “varios miles” de fragmentos óseos hallados en lugar, dijo Doretti.
A través de ellos se identificaron al menos 19 individuos, aunque no se pueden relacionar con los 43 desaparecidos ni se pueden adjudicar a un solo evento.
El peritaje del EAAF determinó que debido a la alteración térmica y la severa fragmentación de los restos óseos estos no se pueden analizar genéticamente.
No obstante, se documentó la existencia de restos no correspondientes a los estudiantes. Por ejemplo, de una prótesis dental que no corresponde con el historial clínico de ninguno de los 43.
Doretti recordó que en Iguala se reportaron cerca de 300 desapariciones entre 2010 y 2015, y que a partir de octubre de 2014 se han hallado más de un centenar de personas en fosas comunes.
Aunado a ello, el equipo argentino aseguró que “no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular” los restos hallados en el basurero con los recuperados por la fiscalía mexicana en la bolsa del Río San Juan.
