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Siete militares mexicanos arrestados por las fuerzas castrenses tras la muerte de 22 presuntos delincuentes registrada en junio, fueron consignados ante un juez civil, tres de ellos acusados de homicidio, informó el domingo el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México reportó que el 31 de octubre se cumplió “la orden de aprehensión librada (…) contra siete miembros del Ejército Mexicano implicados en los hechos donde perdieron la vida 22 personas en el municipio de Tlatlaya” de esa demarcación, informó en un comunicado el CJF.
Todos están acusados de ejercicio indebido del servicio público, y tres de ellos fueron consignados además por su “presunta responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo”, precisó el comunicado.
Uno de los militares fue acusado de “no procurar impedir la consumación de un delito”, indicó el CJF que no dio los grados castrenses de los inculpados.
El juzgado civil determinará la situación jurídica de los militares en los próximos días pero éstos permanecerán en la cárcel del Campo Militar 1-A de la Ciudad de México donde están encarcelados desde el 25 de septiembre pasado.
Ese día fueron arrestados un total de siete soldados y un oficial, pero el CJF no informó nada sobre el otro militar encarcelado.
La Procuraduría (fiscalía) General de Justicia Militar acusó al oficial como presunto responsable de “los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes” y a los soldados de “infracción de deberes”.
El 30 de junio los 8 militares tuvieron un enfrentamiento con los 22 presuntos delincuentes cuando se encontraban en una bodega ubicada en Tlatlaya, una localidad ubicada en la violenta región de Tierra Caliente, a 240 km de la capital.
En un primer momento el Ejército informó que los 22 presuntos secuestradores habían muerto y un soldado había sido herido durante el enfrentamiento, además de que había rescatado a tres mujeres.
Pero una de esas mujeres dijo a la prensa que en ese enfrentamiento sólo hubo un muerto y que las otras 21 personas fueron ejecutadas a sangre fría después de rendirse.
El 10 de octubre la fiscalía acusó formalmente a tres de esos militares de asesinar al menos a ocho de los presuntos secuestradores, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Ombudsman) sostiene que fueron por lo menos 12 las personas asesinadas “arbitrariamente”, incluidos dos menores.
