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Decenas de miles de estudiantes, profesores, activistas y residentes marcharon el miércoles por una de las principales avenidas en el estado sureño de Guerrero para demandar la localización de 43 estudiantes del magisterio desaparecidos hace más de una semana tras ser atacados por policías locales, en un caso que ha recibido la condena dentro y fuera de México.
Los manifestantes se reunieron en Chilpancingo, la capital estatal, y bloquearon en ambos sentidos la Autopista del Sol, la carretera federal que va hacia la ciudad de México y caminaron detrás de una pancarta en la que se leía “¿Quién gobierna Guerrero?”, en referencia al presunto hecho de que policías locales al servicio del narcotráfico han sido implicados en las desapariciones.
“¿En manos de quién estamos?”, se preguntó Rosa Ruth Rodríguez Mendiola, de 44 años y un ama de casa de la localidad de Atoyac. “No tenemos gobierno”, reclamó la mujer.
“Ya nos estamos cansando”, dijo en referencia del gobierno Manuel Martínez, vocero de las familias de los estudiantes. “Si tienen dignidad deberían renunciar todos”.
Cuarenta y tres estudiantes de la escuela de magisterio Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, una localidad de Guerrero a unos 200 kilómetros al sur de la ciudad de México, cuando el 26 de septiembre policías municipales atacaran los buses en los que viajaban.
En el ataque murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y 25 alumnos más resultaron heridos.
Las manifestaciones para exigir la localización de los jóvenes se replicaron en otras ciudades, como ciudad de México, donde algunos padres de los estudiantes desaparecidos encabezaron a miles de estudiantes, activistas y personas en general.
Incluso hubo movilizaciones fuera del país, como Los Angeles.
Los estudiantes de la escuela habían ido a la ciudad a solicitar donaciones de los habitantes de Iguala. Cuando se reunían para regresar a la normal la esposa del alcalde, María de los Angeles Pineda, terminaba un discurso ante personalidades locales.
De repente, se oyeron disparos a una docena de cuadras y la gente huyó despavorida del miedo. Algunos piensan que ambos incidentes están relacionados pero funcionarios federales dijeron el martes que aún no tienen una explicación sobre lo ocurrido ese 26 de septiembre.
Durante el discurso hombres vestidos de civiles, de apariencia ruda, habían estado custodiando a Pineda Villa, una mujer que, según las autoridades, tiene familiares con vínculos con el crimen organizado. Funcionarios federales y estatales han acusado a la policía de Iguala de estar infiltrada por grupos de narcos que patrullaban las calles de Iguala.
Javier Monroy, un activista de derechos humanos en Chilpancingo y que ha apoyado a los familiares de los desaparecidos, sugirió que el ataque pudo haber sido provocado por un cartel de las drogas local llamado Guerreros Unidos, que pudo pensar que los estudiantes iban a afectar el discurso de Pineda.
Los estudiantes se habían negado en el pasado a pagar las extorsiones que un cartel de las drogas les había exigido. El grupo también es conocido por bloquear carreteras y hacer otras protestas.
Durante la marcha, Itanduvi Villalba, una de las manifestantes, hizo una bandera parecida a la mexicana pero en lugar del verde y rojo, colores del pabellón mexicano, estaba teñida de negro. El águila que acompaña a la bandera, en vez de devorar una serpiente en señal de que los indígenas debían fundar ciudad de México, aparecía baleada y chorreando sangre.
“Es una bandera de luto por lo que pasó”, dijo Villalba.
El caso ha alcanzado nueva atención luego de que el fin de semana se encontraron fosas clandestinas en una barriada pobre a las afueras de Iguala, donde autoridades han dicho que encontraron 28 cadáveres y analizan si corresponden a algunos de los desaparecidos.
Autoridades han dicho que aún no se ha identificado a ninguno de los cuerpos.
Javier Sicilia, un poeta que ha encabezado desde 2001 el Movimiento por la Paz que unió por primera vez a víctimas de la violencia de todo México, se unió a la marcha y criticó lo que consideró la “incapacidad” del gobierno para atender casos como el de los estudiantes de Ayotzinapa.
“Se los dijimos: negar la realidad sólo va a conducir a aumentar la violencia y a aumentar el horror y a poner en estado de indefensión a la ciudadanía, más de lo que ya está”, dijo Sicilia en referencia a lo que ha sido visto por analistas y críticos como un intento oficial de mantener un discurso oficial de que las cosas en materia de seguridad mejoran cada día.
En la capital, la gente marchó desde el monumento del Angel de la Independencia hacia el Zócalo entre gritos de “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y varias pancartas de repudio al gobierno de Guerrero.
En Los Angeles, Estados Unidos, cerca de dos docenas de inmigrantes se agolparon afuera del consulado mexicano con carteles como “43 vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “Alto a los ataques con nuestros pueblos indígenas”.
“Estamos aquí por solidaridad, para decirle a México, que no están solos, a nuestro Guerrero, que no están solos, a Ayotzinapa, que no están solos”, dijo Lilia Trujillo, originaria de ese estado.
El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo el martes que no especularía sobre el posible nexo entre el discurso de la esposa del alcalde José Luis Abarca y la violencia.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, es ahora un fugitivo y las autoridades han arrestado a 22 policías locales. Más de 200 policías han sido reemplazados por agentes de la Gendarmería, una nueva división de la Policía Federal creada por el actual gobierno.
Los fiscales habían identificado al difunto hermano de Pineda Villa, Alberto Pineda, como lugarteniente del cartel de Los Beltrán Leyva. Él y otro de sus hermanos, Marco Pineda, estaban en la lista de los delincuentes más buscados elaborada por el gobierno del presidente Felipe Calderón. Fueron asesinados por narcos rivales en 2009.
Otro hermano, Salomón Pineda, fue liberado de prisión el año pasado y se cree que es el jefe de Iguala para Guerreros Unidos, una facción de Los Beltrán Leyva, según medios locales.
El procurador del estado de Guerrero, Iñaky Blanco, dijo que los sospechosos han dicho que al menos 30 miembros de la policía local eran miembros de Guerreros Unidos.
Blanco dijo que los policías encarcelados niegan haber matado a alguien pero en la parte trasera de sus camionetas se encontraron manchas de sangre. Un policía admitió que al menos diez estudiantes que habían detenido fueron entregados a personas desconocidas.
Un vídeo de una cámara de seguridad mostró a hombres no uniformados obligando a personas a subir a la parte trasera de una camioneta y a otros que corrieron y escaparon.