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Los 11 manifestantes detenidos el pasado 20 de noviembre en la marcha por los 43 normalistas “corren peligro de ser sometidos a un proceso judicial injusto”, denunció hoy Amnistía Internacional.
La Procuraduría General de la República (PGR) los acusa de homicidio en grado de tentativa, asociación delictiva y motín y no les permite la libertad bajo fianza.
A través de un comunicado, la organización defensora de los derechos humanos pidió que la gente escriba cartas al Presidente de México, Enrique Peña Nieto y al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, entre otros, antes del 6 de enero de 2015 para exigir que se investigue una “presunta detención arbitraria y malos tratos”.
“ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, EN ESPAÑOL, EN INGLÉS O EN SU PROPIO IDIOMA: instando a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva e inmediata sobre la presunta detención arbitraria y malos tratos de los 11 manifestantes […] instando a las autoridades a proporcionar a todos los detenidos atención médica adecuada; pidiéndoles que garanticen el proceso debido a todos los detenidos, lo cual incluye un contacto razonable con abogados y familiares, y un juicio justo”, manifestó la organización en un comunicado.
El 20 de noviembre se llevó a cabo una manifestación multitudinaria pacífica por la desaparición de 43 estudiantes y un grupo de personas al final arrebató vallas del Palacio Nacional, la sede presidencial, y arrojó cócteles molotov a la policía. Sin embargo, los detenidos, acusados de participar en agresiones contra la policía, niegan haber realizado actos violentos.
“Todos ellos han denunciado haber sufrido malos tratos y han sido trasladados a prisiones de alta seguridad, en lugares muy apartados, que limitan seriamente sus posibilidades de ponerse en contacto con sus abogados y familiares”, denunció Amnistía.
Los detenidos, que fueron enviados a cárceles en el estado de Veracruz y de Nayarit, están a la espera de que la justicia determine el sábado si hay elementos suficientes para someterlos a proceso.
Las organizaciones que representan legalmente a los 11 detenidos denunciaron que la acusación de la PGR se centra en que los manifestantes se llamaban a sí mismos “compa” y “compañeros”, y en los gritos tales como ‘muera Peña’ ‘muera el PRI’ y ‘mueran las instituciones’.
Los 11 detenidos, entre ellos tres mujeres y ocho hombres, formaban parte de los miles de personas que se manifestaron el 20 de noviembre para exigir una respuesta oficial urgente y efectiva en el caso Ayotzinapa.
Amnistía Internacional dijo que la mayoría de las manifestaciones que se celebraron en la Ciudad de México el 20 de noviembre fueron pacíficas.
“En muy pocos casos se informó de disturbios y actos de violencia contra policías. Como respuesta, parece ser que los policías utilizaron fuerza desproporcionada contra los manifestantes, y recurrieron a las detenciones arbitrarias y los malos tratos bajo custodia, en un aparente intento de castigar a los manifestantes y disuadir a otras personas de participar en manifestaciones futuras”.
También dio cuenta de casos anteriores en los que la policía realiza detenciones arbitrarias durante las manifestaciones.
“El 1 de diciembre de 2012 y el 2 de octubre de 2013, varios manifestantes fueron detenidos arbitrariamente y acusados de delitos graves. La mayoría fueron juzgados y absueltos meses después. Algunos sufrieron tortura u otras formas de malos tratos durante su arresto o mientras estuvieron bajo custodia. Aunque los casos se documentaron adecuadamente, nadie ha rendido cuentas por estas violaciones de derechos humanos”.
La organización denunció que varias entidades del país han adoptado o intentado adoptar recientemente leyes sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante las manifestaciones. “Estas modificaciones son en su mayoría contrarias a las normas internacionales de derechos humanos y suponen una amenaza para la libertad de asociación y de expresión”.
Las declaraciones realizadas recientemente por el Presidente Peña Nieto y otros altos cargos, continúa el reporte de la organización, transmiten a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de todo el país un inquietante mensaje que podría indicar que el uso desproporcionado de la fuerza y otras violaciones de derechos humanos son aceptables al tratar con manifestantes.