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La Procuraduría General de la República (PGR) no cuenta con las fichas de identificación de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Lo anterior va en contra de los estándares internacionales para la búsqueda de personas desaparecidas o ausentes. El motivo, que el Ministerio Público de la Federación no se ha entrevistado con los padres de los estudiantes para elaborar las fichas, revelaron fuentes federales a Grupo Imagen Multimedia.
Las autoridades federales han dicho que son los padres los que no se han querido reunir y proporcionar los datos de sus hijos, debido a su desconfianza y la influencia de los expertos independientes.Por ello no se ha llevado a cabo dicho requisito, que es indispensable para localizar a las víctimas.
Este tipo de documento incluye entre las características generales de la persona, particularidades, es decir lo que se busca es establecer cualquier aspecto que pudiera ser relevante en las características físicas de la persona como cicatrices, viejas o recientes, por ejemplo.
De hecho, la CNDH, dentro de las recomendaciones que le hizo a la PGR sobre el caso Iguala, enfatizó el hecho de que no existieran las fichas de identidad.
La PGR cuenta con un Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Investigación Forzada, donde se establecen los pasos a seguir de acuerdo al tiempo que la víctima se encuentra ausente, entre las que se prevé la entrevista del Ministerio Público con los familiares y la aplicación de un cuestionario.
Durante la segunda fase del reporte de una desaparición, es decir, 24 horas mas tarde entra en marcha una segunda fase que va de las 24 a las 72 horas en la cual se da la entrevista con el Ministerio Público con los familiares; el apoyo a víctimas y la elaboración del cuestionario Ante Mortem.
“El cuestionario fue previsto como una herramienta para recabar datos de personas desaparecidas y asistir en su localización e identificación. Cada componente del cuestionario es importante en el proceso de identificación, es fundamental que todas las secciones sean completadas lo más extensamente posible. La información consignada sobre personas desaparecidas (DPD) será comparada con los datos postmortem (DPM) que sean recabados por los expertos forenses durante el examen de los restos humanos y por corroboración de antecedentes de investigación sobre la persona desaparecida”, detalla el protocolo.
El cuestionario aplica una serie de preguntas que abarcan desde el árbol genealógico de la víctima hasta su historial dental, entre otras cosas, a fin de recabar la mayoría de los datos que sirvan para identificar los hábitos de la víctima.
El protocolo incluye ejemplos de los oficios y las diligencias que se deben de seguir para la localización viva o muerta de una persona.
Deben dar giro drástico: Iglesia
La Arquidiócesis Primada de México señaló que la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa concluyó “con más preguntas que respuestas”.
Sin embargo, respaldó que, independientemente de la certeza de las conclusiones sobre el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, el Informe “toca los males corrosivos del aparato legal (mexicano), infectado de burocracia, impunidad, corrupción y de complejidades seudolegales dilatorias de la justicia expedita”.
En su editorial intitulado Decadencia legal, lamenta la “falta de cooperación y obstáculos (de las autoridades con el GIEI) que enrarecen el esclarecimiento de la verdad” sobre el caso. Apunta que la investigación debe entrar en una nueva etapa.
“Conviene a la presente administración dar un giro drástico, ofrecer verdades contundentes y no actuar por inercia debido al cansancio y descrédito (sobre las autoridades”, publicó el semanario católico Desde la Fe.
Agrega que el tiempo pasa y los 43 normalistas son foco de tensión que debe esclarecerse para bien de todos, pues el caso muestra que “los cambios en el sistema de justicia son inaplazables para reconstruir la confianza, porque muchos mexicanos no están de buen humor ante la encrucijada que pretende solapar a pocos contra el fortalecimiento del Estado de Derecho común a todos”.
El artículo toma como base el informe para poner en duda que los mexicanos no son respetados en cualquier proceso penal y afirma que, “mientras la causa de Ayotzinapa corre entre preguntas, desacuerdos y presunciones, la opinión pública, de forma paralela, es impactada por recientes casos de tortura exhibidos en noticieros”.
El editorial de la Arquidiócesis lamenta y acusa que “el sistema (penal mexicano) está hecho para cocinar culpables, desgraciando destino y vida de inocentes”, siendo los propios responsables de la persecución de los delitos quienes fabriquen pruebas para inculpar a los acusados.