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La administración de Enrique Peña Nieto se encuentra en una profunda crisis de credibilidad. En eso coinciden tanto analistas mexicanos como extranjeros. La crisis estalló luego del asesinato de tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y la desaparición de otros 43 alumnos, el 26 de septiembre pasado. Antes, el 30 de junio, la ejecución de 22 personas en Tlatlaya –donde participaron militares– allanó el terreno para que la desconfianza en las instituciones del gobierno federal de consolidara.
Las dudas sobre las investigaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) realizó en el caso Ayotzinapa y sobre las conclusiones de las mismas, que llamó “verdad histórica”, no sólo han sido cuestionadas por los padres de los 43 desaparecidos sino también investigadores de la UNAM y el propio Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), contratado por el propio gobierno para esclarecer el caso.
Luego, los escándalos en torno al presunto conflicto de interés del Primer Mandatario, su esposa Angélica Rivera Hurtado y Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por la adquisición y financiamiento de mansiones a empresarios favorecidos por su gobierno en el Estado de México y también ahora como Presidente de la República, levantaron aún más la desconfianza de los mexicanos y la comunidad internacional en el actual gobierno.
A su vez, las pifias de miembros del Gabinete en temas prioritarios para el país, han abonado a esa desconfianza. Por ejemplo, en 26 meses del sexenio, el equipo que comanda Luis Videgaray en la SHCP no ha podido sostener sus proyecciones de crecimiento, lo que ha causado confusión y también rechazo por parte de empresarios, analistas financieros e inversionistas.
La economía, además, no marcha. México tiene en lo que va de este sexenio los niveles más bajos de crecimiento económico en dos décadas, lo que ha derrumbado el empleo y ha provocado un mayor crecimiento de la pobreza.
Con los precios del petróleo a la baja, la SHCP se vio obligada a recortar el presupuesto de 2015, lo que implicó también cancelar y suspender dos proyectos que, al iniciar la administración peñista, tenían etiqueta de prioritarios: el Tren Transpeninsular que uniría a Yucatán con Quintana Roo, y el Tren rápido México- Querétaro, respectivamente.
El recorte también impactó a las dos únicas empresas productivas que le quedan al gobierno federal: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En este contexto de debilidad económica en las finanzas públicas, de acusaciones por corrupción, de indignación social frente a los casos Ayotzinapa y Tlatlaya, y de crisis por la violación constante de los derechos humanos en México –que el viernes pasado la ONU calificó como “fracaso” de la actual administración, a la que etiquetó como “ineficiente”– el Presidente Peña Nieto tendrá que remar contra la percepción de que su gobierno no tiene bien sujetas las riendas del país.