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El exalcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, señalado como el responsable de la desaparición de 43 normalistas en Guerrero, fue recluido este miércoles en una cárcel federal del Estado de México y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fue arraigada por 40 días, informó la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.
La dependencia federal reportó que a las 17:10 hora local del centro de México, el expresidente municipal, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue recluido en el Cefereso No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México, quedando a disposición del Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Matamoros.
VE: Ayotzinapa. ¿qué sigue tras la captura de los Abarca?
Abarca Velázquez fue recluido por los delitos de la delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado por el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, en cumplimento con una orden de aprehensión librada en su contra el pasado 24 de octubre.
‘Esto, independientemente del resultado de las investigaciones que sigue llevando esta Procuraduría sobre Abarca Velázquez’, refirió la PGR.
Arraigo
María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca Velázquez, quedó arraigada hasta por 40 días como medida cautelar, según lo determinó un juez federal especializado, como consecuencia de las investigaciones por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
El martes por la madrugada, 60 agentes federales en la Delegación Iztapalapa detuvieron a José Luis Abarca y a su esposa, tras seguirle la pista Noemí Berumen Rodríguez, según reportó la PGR.
El pasado 26 de septiembre, un grupo de policías municipales de Iguala abrieron fuego contra varios camiones de estudiantes, matando a 6 personas; además, se llevaron a 43 normalistas de Ayotzinapa, de los cuales no se sabe su paradero.
En la Ciudad de México así como en diversas ciudades del país y del resto del mundo, se llevaron a cabo este miércoles manifestaciones y muestras de indignación por el caso que ha puesto a la nación en la mira internacional, por la participación de instituciones de seguridad pública y autoridades locales, en la violencia contra estudiantes.
