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A fin de atender las quejas de choferes del transporte público que se pudieran presentar porque sus patrones se nieguen a cumplir con el nuevo contrato colectivo laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) instalará unas mesas de recepción de quejas para darle seguimiento a este tipo de conflictos, anunció el titular de la dependencia, Eduardo Almaguer Ramírez.
En conferencia de prensa, advirtió que todos aquellos subrogatarios que se nieguen a cumplir con el acuerdo firmado, que prevé pagar a los choferes un sueldo diario de por lo menos 300 pesos, un horario fijo e inscribirlos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), podrán ser sancionados económicamente.
Explicó que las mesas para la recepción de quejas se instalarán a partir de este miércoles 16 de abril en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).
“Queremos informarles a todos los choferes del transporte público que estaremos estableciendo mesas de trabajo para que acudan a presentar sus quejas. Esto es para que todos a quienes no se les esté respetando su contrato colectivo de trabajo se sienta respaldado”, señaló Almaguer Ramírez.
El titular de la STPS señaló que las sanciones a todos aquellos permisionarios que se nieguen a cumplir con el contrato colectivo o que quieran pagarle menos a sus choferes o no inscribirlos al IMSS pueden ser de hasta dos mil 500 salarios mínimos.
El secretario del Trabajo y Previsión Social dio a conocer que durante los primeros 15 días desde que entró en vigor este nuevo modelo de relación laboral se han revisado 88 rutas del transporte público, se han verificado e inspeccionado mil 467 unidades del transporte público y se ha entrevistado a mil 758 choferes.
Del total de las 88 rutas revisadas, solamente en dos de ellas se tenía a los choferes del transporte público inscritos ante el IMSS. Los conductores de las otras 86 carecían de esta prestación que por obligación deben tener.
De las mil 467 unidades verificadas e inspeccionadas, el 90 por ciento se encuentra en condiciones físicas no propicias para prestar el servicio público, pero no fueron retiradas porque no ponen en riesgo la integridad física.
Y de los mil 758 choferes entrevistados, prácticamente el 90 por ciento no contaba con ningún tipo de prestación laboral.
