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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lanzó hoy un “ya basta” a los gobiernos federal y estatales, debido a las protestas realizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y que, afirman, han llegado a un punto inaceptable de disrupción de la legalidad, el orden y la paz pública.
En un mensaje extraordinario, el sector empresarial reclamo a la CNTE: que deponga sus acciones y métodos irresponsables, violentos y delictivos, que recurren a la violación sistemática de derechos a terceros como forma de extorsión para sus demandas y preservar sus propios intereses.
Para las instituciones del Estado mexicano y sus responsables, en los tres órdenes de gobierno, la demanda es igualmente concreta: honrar su razón de ser y mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley.
“Quiero ser muy claro: Nadie pide que se reprima la protesta, sino que se respeten los derechos de todos por igual y se proteja a la población”, afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.
Dijo que el diálogo debe prevalecer, pero no a costa de la ley, el orden y la tranquilidad pública, y menos aún si quien paga los costos y las pérdidas es la sociedad, son los ciudadanos.
De acuerdo con el CCE, las protestas de la CNTE además de frenar cambios para que las nuevas generaciones tengan acceso a una mejor educación, están generando afectaciones muy serias y cuantificables en una muy diversa gama de actividades y en el mismo ánimo de la población y la sociedad.
A los problemas de desabasto de productos básicos en las zonas donde se concentran las movilizaciones, aseguraron, se agregan los que padecen varias ramas industriales, comerciales y de servicios en regiones amplias e incluso con repercusiones nacionales, debido a bloqueos de carreteras, puertos y ferrocarriles.
“Hay una disrupción aguda, con efectos en cadena, de ciclos de negocio y procesos productivos que son esenciales para las comunidades y para la subsistencia no sólo de las empresas, sino de sus propios empleados y trabajadores: miles de personas que dependen de su trabajo cotidiano”, denunció el CCE.
Los empresarios estimaron que en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán se hay una disminución en la llegada de contenedores de cerca de 17 por ciento, paralelamente a la suspensión intermitente del servicio ferroviario, en ocasiones con más de 150 trenes detenidos, con un costo promedio diario de 20 millones de pesos.
A ello se le suma, dijeron, las filas de camiones varados de hasta 15 kilómetros que se han registrado en algunas carreteras o en casos como el sector siderúrgico, que denuncia pérdidas por alrededor de 700 millones de pesos por falta de materiales.
“Tolerar la infracción de la ley no va a resolver la problemática; muy por el contrario la perpetúa. Eso es lo que ha hecho que este conflicto se vuelva permanente y resurja año con año, con mayor o menor intensidad, al tiempo que se incuba la polarización dentro de la sociedad”, destacó el CCE
