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De las 58 iniciativas enviadas por el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, al Congreso de la Unión en los dos primeros años de gobierno, 12 continúan pendientes de aprobación, es decir un 20%; el resto ha sido avalado por los partidos políticos en materia de justicia, competitividad, transparencia, anticorrupción, desarrollo económico y reforma político-electoral.
De acuerdo con el documento que contiene el informe presidencial, en los dos años de este gobierno se han presentaron 58 iniciativas, seis fueron aprobadas en el primer año y 40 en el segundo, por lo que pasaron un 80% de las propuestas que envió el Presidente de la República.
“Con el propósito de diseñar, promover y construir acuerdos con organizaciones políticas que puedan derivar en proyectos legislativos, para impulsar las reformas que el país requiere y dar seguimiento a su cumplimiento, se mantiene el diálogo con todas las fuerzas políticas del país a fin de aprobar diversas reformas”, indica.
Sin embargo, para el gobierno federal, el gran pendiente está en la seguridad social universal, ya que no se ha aprobado la expedición de la Ley de la Pensión Universal y de la Ley de Seguro de Desempleo.
“Entre las medidas que contempla destacaron: otorgar una pensión a las personas mayores de 65 años y un seguro de desempleo a las personas beneficiarias de la Ley del Seguro Social o la Ley del ISSSTE”, destaca el texto.
Entre otras, las iniciativas aplazadas en el Congreso de la Unión destacan la reforma política del Distrito Federal, la Ley anticorrupción, la revisión global de los fueros, así como una reforma que transforme al campo mexicano para volverlo más productivo.
Asimismo, ha quedado en la congeladora la suspensión de garantías individuales, que plantea la creación de la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional, para regular el ejercicio de las facultades de las autoridades y el procedimiento para restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado, el ejercicio de derechos y garantías.
Otro pendiente más es lo referente a la expulsión de extranjeros. A través de una iniciativa, Peña Nieto propone crear la Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional, para regular el procedimiento mediante el cual el Ejecutivo podrá ejercer su facultad de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras que, encontrándose legalmente en territorio nacional, constituyan una amenaza para la seguridad nacional o para el orden o la seguridad públicos.
Conflictos sociales sin solución
Además de los pendientes en iniciativas, el gobierno federal también detalla que existen 65 conflictos sociales que no han sido solucionados en el país.
En el último año, la federación atendió 150 conflictos, esto es que dejaron de ser un factor de riesgo de escalamiento.
“Actualmente, 65 continúan en proceso de solución definitiva por las instancias competentes”, indica el documento.