En un esfuerzo común para reducir el tráfico ilegal de pericos, loros y guacamayas (Psitácidos), así como fomentar su protección y la preservación de su hábitat natural, de forma conjunta el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología Municipal, asociaciones civiles y autoridades federales, pusieron en marcha este miércoles la campaña de concientización que de manera permanente se realizará en esta región, con el objetivo de informar a la población para hacerla participe en el cuidado de estas especies y erradicar su caza y comercialización en la zona, al tratarse de un grave delito federal que es sancionado con cárcel, por tratarse de especies protegidas.
Esta estrategia surge en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Aves, que se celebra este 9 de mayo, dando paso a actividades de difusión en las escuelas del municipio, la colocación de carteles informativos y campañas en medios de comunicación, para que la ciudadanía conozca la situación que viven éstas especies, así como las sanciones administrativas, económicas y legales a las que se puede enfrentar por saqueo de nidos, tráfico ilegal, compra y venta de alguna de estas aves.
Al respecto, la jefa de Educación y Difusión de Cultura Ambiental de la Dirección de Ecología Municipal, Sandra Gallo Corona, explicó que este “es un gran problema que no nada más sucede en Puerto Vallarta, sino que también es una problemática a nivel nacional e internacional, de ahí que especies como los loros, las guacamayas, tienen protección nacional, son especies que están dentro de la Norma Oficial Mexicana” y cuentan también con protección a nivel internacional.
Gallo Corona resaltó la importancia de informar a la población sobre lo que implica este grave delito, que muchas veces ocurre por desconocimiento. “Esta legislación no es algo nuevo, este tipo de aves están en las normas y están protegidas hace más de 10 años; creemos que la población de Puerto Vallarta debe estar informada, porque este tipo de aves son patrimonio nacional, son un bien de todos los mexicanos y que está viéndose mermado principalmente debido al desconocimiento de la situación que enfrentan”, comentó.
Por su parte los representantes de las diferentes organizaciones civiles, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), emitieron algunas recomendaciones para evitar este tipo de acciones, como es el no adquirir ninguna de estas especies ya sea para tenerlo en casa o con la idea de regresarlo a su hábitat natural, ya que por una parte, su sola compra incentiva la caza furtiva de más aves por la demanda que se genera, afectándola gravemente ya que por cada loro, perico o guacamaya que se compra, mueren cuatro más en el proceso.
De igual forma, no es recomendable regresarlos nuevamente a su hábitat, pues se requieren condiciones específicas para su readaptación, por lo que la mayoría de aves que son regresadas a su medio natural no sobreviven por más de tres días, además de que pudiera estarse introduciendo una especie no endémica de la región o bien, con alguna enfermedad que podría dañar al resto de la comunidad de psitácidos
Motivo por el que destacaron, es necesario no ser parte de ese círculo de compra – venta y realizar las denuncias correspondientes ante la Profepa, las cuales se recomienda puedan ser documentada con una fotografía para tener la prueba fragante del delito cometido. También se pueden hacer llegar a la Dirección de Medio Ambiente y Ecología Municipal, quienes se encargarán de canalizarlas directamente a la dependencia federal.
En estas acciones participan las organizaciones civiles Defenders of Wildlife, Unidos por las Guacamayas, Aves del Paraíso, Observatorio de Aves de San Pancho, Iniciativa Bahía de Banderas, Colectivo Verde y Conservación de Especies Maravillosas de Bahía de Banderas (CEMBAB), así como los Jardines Botánicos de Vallarta, el Centro Universitario de la Costa y el Festival de Aves.
El Dato
El artículo 420 del Código Penal Federal, impone una pena de hasta 9 años y hasta 3 mil días de multa, para aquellas personas que poseen o que transporte algún espécimen de vida silvestre y hasta de mil días adicionales o tres años más de prisión, a aquel que tenga o posea animales con intensión de comercializarlos.
Este documento fija además penas de tipo administrativo, a quienes comercialicen con psitácidos o cualquier tipo de vida silvestre, posean, transporten o dañen alguna especie que van desde amonestaciones, multas, arrestos por 36 horas, decomiso del espécimen y el pago de los gastos que se generen durante la rehabilitación de la especie.
Por su parte el artículo 60 Bis 2, establece que ningún ejemplar correspondiente a la familia de los psitácidos dentro del territorio nacional, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comerciales y prohíbe su importación, exportación y reexportación, imponiendo multas desde mil hasta 20 mil días de salario mínimo o prisión que va desde 6 meses hasta 6 años.