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El Senado aprobó el miércoles la mayor reforma energética en décadas que abre la industria petrolera a la iniciativa privada nacional y extranjera, en una decisión que llevó a diputados izquierdistas a bloquear los accesos a la cámara baja, incluso con cadenas, para impedir que esa rama legislativa entre a debatir el proyecto, al que consideran privatizador.
Tras ser avalada en una sesión de más de 20 horas en el Senado, la reforma que termina con el monopolio estatal en la industria petrolera fue enviada a la Cámara de Diputados, para que sea discutida y votada esta misma semana.
Sin embargo, diputados de izquierda, entraron al salón de sesiones de la cámara baja y con sillas y cadenas bloquearon los accesos como una medida de presión para que no se discuta la reforma que modifica la constitución y permite al gobierno otorgar contratos y licencias para la exploración y producción a empresas multinacionales, algo expresamente prohibido hasta ahora.
La izquierda, que ha promovido protestas diarias en calles de la capital y frente al Congreso, ha dicho que antes de discutirse en las cámaras la reforma debía ser sometida a una consulta popular, algo que los promotores de la iniciativa no consideraron necesario.
La energética es la principal pieza de una serie de reformas promovidas por el presidente Peña Nieto en su primer año de gobierno en áreas desde la educación y el sistema fiscal hasta las telecomunicaciones.
Sin embargo, la reforma aprobada va más allá de la que originalmente propuso el mandatario, al establecer mayores modalidades en las que la iniciativa privada puede participar en la industria petrolera.
La iniciativa original del gobierno sólo consideraba contratos para compartir ganancias.
“Queremos que proceda la consulta popular en este tema”, dijo el diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), desde el salón de sesiones tomado.
“¡La patria no se vende, la patria se defiende!” y “¡Peña, entiende, la patria no se vende!”, eran algunas de las consignas que los legisladores gritaban.
En caso de su aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma aún debe recibir el aval de 17 de los 31 estados, por tratarse de modificaciones constitucionales.
“Esta reforma permitirá a México aprovechar mejor sus recursos para crecer económicamente y crear empleos durante los siguientes años”, señaló un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del presidente Peña Nieto luego de la aprobación en la cámara alta.
La reforma admite contratos para compartir ganancias y producción, además de licencias mediante las cuales las empresas pagarán regalías e impuestos al gobierno por el derecho de explorar y extraer.
La industria petrolera fue nacionalizada en 1938 y desde entonces para muchos mexicanos es un símbolo de soberanía.
La reforma plantea que Pemex sea un competidor, aunque con ciertas preferencias, como por ejemplo ser la primera empresa en elegir los campos en que participará.
La propuesta permite reportar a las empresas privadas, para efectos contables y financieros, la asignación o contrato correspondiente y los beneficios esperados, “siempre y cuando afirme que el petróleo y sus derivados, sólidos o gaseosos, que se encuentren en el subsuelo son propiedad de la nación”.
Las concesiones, uno de los mecanismos considerados más liberales para las compañías privadas, continuarán prohibidas en el país.
Los contratos se celebrarían directamente con el Estado en lugar de la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual será un competidor más.
Un ajuste hecho de último momento durante la discusión en el pleno del Senado fue quitar la participación del poderoso sindicato petrolero en el consejo de administración de Pemex, con lo cual quedará disminuido el poder de un organismo que ha sido criticado por su opacidad.
La industria petrolera en México ha enfrentado diversos problemas en materia de producción al declinar el hidrocarburo existente en los yacimientos de más fácil acceso.
La producción de crudo en México tuvo en 2004 su mayor pico con la obtención de unos 3,4 millones de barriles diarios en promedio. A partir de 2005 comenzó a descender y actualmente se ubica en unos 2,5 millones de barriles al día.
“Sin duda es un avance histórico que nuestro país rompa con un marcado discurso antiempresarial que por años le había impedido a la iniciativa privada colaborar en el proceso de exploración y explotación de hidrocarburos”, señaló en un comunicado la Confederación Patronal de la República Mexicana.
“Más allá de ideologías o dogmas la realidad es una: somos una excepción en el mundo y por ello hemos perdido terreno”, añadió el principal organismo patronal.
La reforma establece también la creación del llamado Fondo Mexicano del Petróleo, administrado por un fideicomiso encabezado por el banco central y que manejará la riqueza generada por la renta petrolera.