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Finanzas sanas, eliminación de gastos innecesarios, saldos bancarios positivos y una gestión administrativa eficiente, son los puntos destacados el día de hoy en la Comisión de Administración y Planeación Legislativa presidida por el diputado Daniel Robles de León, con la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto para el Poder Legislativo 2022 y el Manual de Entrega –Recepción para la conclusión de la presente gestión.
Respecto al primero, se estimó un total de 915 mil millones de pesos para el siguiente ejercicio fiscal; la eliminación de plazas desocupadas por fallecimientos y jubilaciones, lo que representa un ahorro de alrededor de 20 millones, así como un remanente bancario de 75 millones.
En el uso de la voz, el legislador Robles de León destacó la importancia de aprobar el Manual de Entrega-Recepción, con lo que además de facultar al Órgano Interno de Control para facilitar el proceso, se inicia la etapa de “transición a la siguiente Legislatura y se entregarán buenas cuentas”.
Por su parte, el legislador Jorge Eduardo González Arana hizo lo propio al reconocer el trabajo realizado por las distintas áreas pertenecientes al Congreso local, posterior a los acontecimientos históricos causados por la pandemia del Covid-19, lo que dijo “no fue un obstáculo para trabajar de manera efectiva”.
En este mismo sentido, durante su intervención, la diputada Sofía Berenice García Mosqueda reconoció el manejo de las finanzas durante la LXII Legislatura y recordó el apoyo otorgado al Ejecutivo Estatal, para atender las necesidades generadas por la crisis sanitaria, con la donación de 50 millones de pesos obtenidos de la reducción al 50 por ciento del salario de los diputados.
Finalmente, los integrantes de este órgano parlamentario hicieron un reconocimiento especial al Secretario General de este Poder, Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, toda vez que no se registran observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio 2019 y respecto al ejercicio 2020 no hay señalamientos, en cuanto a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, lo que a decir de los legisladores habla de “un manejo eficiente y transparente de las finanzas”.
