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Un juez federal dio 52 años y 6 meses de prisión a un General del Ejército mexicano, Manuel Moreno Aviña, por los delitos de tortura, homicidio y por la incineración de un cadáver de manera clandestina en el año 2008 en Ojinaga, Chihuahua.
De acuerdo con un comunicado del Poder Judicial de la Federación, el Juzgado Décimo de Distrito en Chihuahua informó que, bajo la causa penal 49/2012, “sentenció a 52 años y 6 meses de prisión a un General del Ejército Mexicano que se desempeñaba como Comandante de una Guarnición Militar en una ciudad de Chihuahua, por ser penalmente responsable de los delitos de Tortura, Homicidio Calificado y Violación a las Leyes de Inhumación, en la modalidad de Destrucción de Cadáver, cometido en contra de una persona el 25 de julio de 2008, con lo que violó sus derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales”.
La sentencia precisa que la víctima fue detenida viva durante las primeras horas del 25 de julio de 2008, por elementos en activo de la Tercera Compañía de Infantería no Encuadrada en una ciudad de Chihuahua. Indica que el detenido fue trasladado a las instalaciones de esa unidad, “en donde en ventaja numérica de activos lo ataron y mojaron para aplicarle descargas de energía eléctrica en el cuerpo, con el propósito de obtener información respecto de la muerte de un militar”.
La tortura se llevó a cabo en presencia de diversos elementos castrenses quienes interrogaban a otros individuos, por orden de Manuel Moreno, precisa el documento, mientras otros elementos daban seguridad a la víctima y sus codetenidos, prolongando los actos de tortura aproximadamente a las 9 de la mañana de esa fecha, lo que originó que falleciera a pesar de los primeros auxilios que le fueron proporcionados.
La víctima habría muerto a consecuencia “muy probablemente de fibrilación ventricular y paro cardiorrespiratorio secundarios a descargas eléctricas”.
Posteriormente, también por órdenes directas de Moreno Aviña, el cadáver de la víctima fue subido a un vehículo y transportado a un rancho en el que fue incinerado de manera clandestina; ello sin hacerlo del conocimiento de la autoridad ministerial correspondiente, “aún a sabiendas que los mismos eran constitutivos de varios ilícitos”.
Por estos delitos, el juez impuso al ex comandante de la Guarnición Militar de Ojinaga, Chihuahua, también una multa de 20 mil 295 pesos y 15 años de inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.
El juez también condenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a ofrecer una disculpa pública donde acepte la responsabilidad de los hechos, a garantizar la no repetición de los mismo, a brindar atención médica y psicológica da quien acredite los derechos sucesores de la víctima, y a efectuar una declaración que restablezca la dignidida y reputación de la víctima.
La resolución también condena al inculpado y a la Sedena al pago de la reparación del daño por un monto de 250 mil 470 pesos a favor de quien acredite los derechos sucesorios de la víctima.
Apenas ayer, se informó que dos militares, así como dos policías federales, recibieron auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura en contra de la joven Elvira Santibáñez Margarito en febrero de 2014 en Ajuchitlán, Guerrero.
En un comunidad, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guerrero, con residencia en Iguala, dictó “auto de formal prisión en contra de cuatro servidores públicos federales por su su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura”.
Con ello, suman cinco los integrantes de las fuerzas federales que se encuentran formalmente presos, pues previamente ya se había dictado prisión a una agente de la Policía Federal, por el video que fue difundido en semanas pasadas en los medios de comunicación donde se observa a Elvira Santibáñez en medio del llanto, pidiendo clemencia a los uniformados mientras que ellos la asfixian con una bolsa, luego se la retiran sólo para cuestionarla sobre otra persona e incluso la amenazan con sus armas, al parecer de cargo.
