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Seis funcionarios mexicanos fueron destituidos de su cargo e inhabilitados por diez años por su responsabilidad en la fuga de Joaquín “el Chapo” Guzmán el pasado julio del penal del Altiplano, informó la Secretaría de la Función Pública.
Las sanciones vienen después de una investigación de cinco meses que no ha alcanzado a la Comisionado Nacional de Seguridad, ya que no se han encontrado todavía “elementos materiales sólidos” al respecto, afirmó en una rueda de prensa el titular de la Secretaría, Virgilio Andrade.
La coordinadora general de Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera, fue imputada por no haber llevado a cabo “el conjunto de acciones para que funcionaran los sistemas (de la prisión) de forma óptima”.
Además, realizó una sesión extraordinaria a finales de 2014 en la que se tomó la decisión de proporcionarle una televisión al líder del cártel de Sinaloa, lo que estuvo “fuera de la normatividad”, dijo Andrade.
En esa reunión participó el entonces director general del penal, Valentín Cárdenas, a quien también se le atribuye haber omitido la coordinación con las fuerzas de seguridad de manera pertinente, así como los problemas con la visualización del monitor, entre otros cargos.
A la directora técnica y titular del área jurídica del penal, Leonor García, se le responsabiliza por no haber declarado el estado de alerta máxima de manera inmediata cuando supo de la huida del capo.
El 11 de julio del año pasado, el Chapo huyó de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano por un túnel de 1,5 kilómetros que comunicaba la ducha de su celda a una casa en construcción a las afueras de la prisión. El pasado 8 de enero, el capo fue capturado y volvió a ser ingresado en el mismo centro.
El oficial en prevención de la penitenciaría, Esteban Estrada, no atendió las llamadas que se efectuaron desde el Centro de Monitoreo ni activó la alerta general “después de haber hecho verificaciones físicas correspondientes”, detalló el secretario de la Función Pública.
Cargos similares se le atribuyen al supervisor penitenciario Juan Ignacio Cuarenta, quien no activó “de manera inmediata” el protocolo de actuación relacionado con este tipo de casos.
Por último, el supervisor Roberto Cruz también fue señalado por no actuar con “prontitud” para activar el código rojo, así como por “omitir realizar una vigilancia permanente y minuciosa en el área que le correspondía sin dejar a alguien que cubriera su ausencia”.
Las penas impuestas a los seis funcionarios, quien son procesados por la fuga, son las máximas permitidas en el ámbito administrativo, de acuerdo con la ley federal, especificó Andrade.