Observatorio Bahia Noticias Puerto Vallarta
Articulos Relacionados
En menos de un minuto, el presidente de la mesa directiva de la Sesión Permanente del Congreso de la Unión, Ricardo Anaya Cortés, emitió el aviso de declaratoria Constitucional de las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna.
De manera inédita en la historia de México, el anuncio fue realizado al considerar que 24 Congresos locales, de un total de 31, la avalaron la reforma energética en menos de cinco días.
Entre los Congresos que avalaron as modificaciones constitucionales, están los de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
La reforma contó con el respaldo de más de la mitad de los Congresos locales, los cuales 27 son emanados del PRI, PAN y PVEM; mientras que sólo cinco con dirigidos por PRD y Movimiento Ciudadano, mismos que se han inconformado por el contenido de dicha reforma.
Los Congresos donde domina la oposición, –y que no validaron los cambios constitucionales– son el Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Tabasco y Oaxaca; dirigidos por Miguel Ángel Mancera, Ángel Aguirre Rivero, Graco Ramírez, Arturo Núñez y Gabino Cue, respectivamente, no avalaran esta reforma, conforme a la línea del PRD nacional.
Desde la tribuna parlamentaria, el senador Manuel Bartlett Díaz (PT) indicó que “el presidente de la Mesa Directiva no tiene derecho a sustituir a la Comisión Permanente en el cómputo de los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados”.
Asimismo, cuestionó la “dictadura mediática pagada por el gobierno” y el proceso de aprobación seguido en los congresos locales.
Por su parte, René Ricardo Fujiwara Montelongo (Panal) resaltó los elementos transformadores de la industria energética, al tiempo de recordar los compromisos asumidos por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) desde su campaña.
Sostuvo que la reforma a los artículos 25, 27 y 28 requiere de una legislación secundaria en el sector, al tiempo de indicar el turno del Ejecutivo federal para implementar la reforma constitucional en la materia.
