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Representantes de sociedades financieras campesinas y sociales pidieron a las cámaras de Diputados y Senadores detener la aprobación de la llamada “Ley Ficrea”, porque consideran que es un “golpe bajo” para el sector de ahorro y crédito popular.
Afirmaron que la iniciativa de Ley de Ahorro y Crédito Popular, a discutirse y, en su caso, aprobarse por el pleno de la Cámara Diputados el próximo martes y que no fue consultada con el sector, pondría en riesgo de desaparición a otras figuras que atienden a la población que menos acceso reporta a servicios financieros.
Lamentaron en rueda de prensa que con la intención de solucionar y evitar que se repita el fraude a unos seis mil ahorradores de la sociedad financiera popular (sofipo) Ficrea, el proyecto de Ley afecte de esta manera a unas 400 mil personas campesinas e indígenas y sus familias.
De acuerdo con la directora general de la Asociación Mexicana Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), Isabel Cruz Hernández, la “Ley Ficrea” es un conjunto de reformas a cuatro leyes del sector de ahorro y crédito popular.
Mediante los cambios propuestos desaparecen las figuras de Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos) y sus Organismos de Integración Financiera Rural (OIFR), así como de los organismos de supervisión auxiliar de las Sofipos y se desmantela el de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps).
Además, dijo, desaparece la figura de Cooperativa Básica y Sofinco Básica, con lo cual se limita el derecho humano de que los campesinos e indígenas pobres organicen su forma de acceder a servicios financieros, entre otras afectaciones directas para unas 400 mil personas y sus familias que aún no se organizan para obtener crédito en el futuro.
Recordó que la iniciativa de Ley se presentó “sorpresivamente” el martes 14, y de manera sorpresiva fue dictaminada y aprobada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y al día siguiente se pretendía aprobarla y enviarla al Senado.
Resaltó que con la movilización de las organizaciones campesinas y del sector de ahorro y crédito popular se logró que se pospusiera su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados para el próximo martes.
Ante ello, consideró, la única explicación para aprobar esta Ley es de índole política, para resolver el caso Ficrea, pero sostuvo que no es así, y sólo se causará una grave afectación al sector de ahorro y crédito popular, que ha crecido hasta atender a 8.5 millones de socios y clientes.
Afirmó que con esta ley se comete un “atropello doble”, porque hace menos de un año se aprobó la reforma financiera que modificó 36 leyes, y ahora se quiere someter a una “cirugía mayor” al sector de ahorro y crédito popular.
“Al conjunto del sector lo perjudica. A unos los manda al hospital y saldrán en una semana; a otros los deja mutilados, y a otros nos deja muertos”, argumentó la representante del sector, quien advirtió que con la iniciativa se afecta la inclusión financiera de los sectores más pobres del país.
Por ello, las organizaciones financieras campesinas y sociales solicitan a los legisladores detener la aprobación de la Ley y regresarla al análisis y dictaminación, además de que abran un espacio de diálogo con el sector de ahorro y crédito popular, cuyo marco legal es perfectible.
También demandan reinsertan en el marco regulado las figuras financieras que atienden al campo que pretenden desaparecerse con la “Ley Ficrea”, y se establezcan mecanismos de fomento a través de la banca de desarrollo para fomentar estos organismos en el medio rural.
El presidente del Consejo de Administración de la primera sofinco autorizada, Sistema de Microbanca Rural (SMB Rural), Urbino Martínez Ortiz, consideró que la Ley Ficrea es un nuevo atropello en contra de los pobres, indígenas y del país.
Además, se afecta a los de mexicanos migrantes que envían millones de dólares en remesas a sus familias en el país, lo que podría paralizar el envío de estos recursos sobre todo a las zonas rurales.
El representante de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, Jorge Castillo Magaña, resaltó que las cajas de ahorro tienen más de 60 años de historia en el país y atienen a cinco millones de socios con activos superiores a 80 mil millones de pesos.
Asimismo, añadió, cuentan con una cartera de crédito de 70 mil millones de pesos, pero la Ley limita sus posibilidades de desarrollo.
