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La Cámara de Diputados exhortó a las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (SSA), así como a los tres niveles de gobierno, a que revisen, actualicen, amplíen y mejoren los programas que llevan a cabo en materia de educación sexual.
Lo anterior se estableció en un punto de acuerdo aprobado en la última sesión del pleno, en el que se pide a los titulares de la SSA, Mercedes Juan López, y de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, que apliquen conjuntamente un programa permanente de educación sexual en las escuelas de enseñanza básica.
El objetivo es que todas las niñas, niños y adolescentes estén debidamente informados, lo cual ayudará a prevenir muchos embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual.
Asimismo, se solicitó al secretario de Educación Pública incluir en el plan de estudios de sexualidad para primarias un apartado en el que se enumeren y expliquen los delitos sexuales de los que los niños puedan ser víctimas.
El documento refiere que de acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, en 2011 15 por ciento de la población de entre 12 y 17 años de edad afirmó tener una vida sexual activa, y 84 por ciento de esos jóvenes la inició a los 15 años o antes.
Además, entre 2000 y 2011 la tasa de natalidad en madres adolescentes, hasta los 20 años, se incrementó más de dos por ciento, al pasar de 17.1 a 19.2, lo cual demuestra que no hay avances en la prevención de embarazos no deseados en este sector.
El punto de acuerdo precisa que de las 400 mil menores de 18 años que se embarazan cada año, 14 mil se ven obligados a abandonar la escuela.
Según otros estudios, 67 por ciento de las hijas que nacieron con una madre adolescente, también tendrán hijos durante su adolescencia.
Sin embargo, se detalló que el embarazo a temprana edad no es la peor consecuencia que puede propiciar el inicio de una vida sexual desinformada, sino que también hay una gran cantidad de enfermedades de transmisión sexual.
El exhorto a las autoridades federales y locales enfatiza que no se debe permitir que la moral esté por encima de un asunto de salud pública.