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El estado mexicano de Guerrero, donde se han descubierto incontables fosas clandestinas desde la desaparición de 43 estudiantes en septiembre pasado, se vio hoy conmocionado nuevamente por el hallazgo de 60 cadáveres en un crematorio abandonado.
La Fiscalía de Guerrero (sur de México) informó que el hallazgo de los cuerpos en el turístico puerto de Acapulco puede deberse a un “fraude” de los responsables del establecimiento por “no haber cremado los cadáveres”, que estaban “perfectamente embalsamados”.
Los cadáveres serán sometidos a “estudios de antropología forense, genética, criminalística de campo, fotografía forense, medicina forense y odontología forense”, indicó la Fiscalía en un comunicado.
Dichas pruebas permitirán establecer “la causa legal de la muerte”, así como “la fecha y hora probable de su deceso”, apunta la nota, según la cual entre los cadáveres había “mujeres, hombres y niños”.
La institución señaló también que abrió una investigación “en contra de quien resulte responsable por la posible comisión de los delitos contra el respeto a los cadáveres o restos humanos, y contra las normas de inhumación y exhumación”.
Precisó que representantes de las tres funerarias de Acapulco han declarado a las autoridades que el crematorio, propiedad de Guillermo Estua Zardain, estaba “cerrado desde hace un año por quiebra o fraude”.
La fiscalía indicó que ha pedido a las funerarias los expedientes de las personas que fueron enviadas al crematorio desde 2013 “para determinar el tipo de persona, sexo, nombre y pueda realizarse la identificación y la comparación genética”.
Además, se ha emitido una orden de localización y presentación del dueño del crematorio, dijo en conferencia de prensa el fiscal estatal, Miguel Ángel Godínez, quien pidió apoyo a las autoridades federales y a la Policía Internacional (Interpol) en esa tarea.
El objetivo es que Estua Zardain declare en torno al descubrimiento de los cuerpos, si bien reconoció que aún no hay “elementos suficientes para inculpar a una persona”.
La hipótesis del fraude fue apoyada por el comisionado federal de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, quien declaró a la prensa que las pesquisas iniciales apuntan a que los encargados del crematorio recibían los cuerpos y en vez de incinerarlos los colocaban en otra parte y entregaban a las familias otro tipo de cenizas.
El fiscal estatal apuntó que hasta ahora “no hay indicios de delincuencia organizada” detrás del hallazgo, y añadió que a simple vista no parece que entre los 60 cadáveres haya personas fallecidas recientemente, aunque eso es algo que tienen que determinar los peritos.
Señaló que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) está colaborando en las investigaciones “con peritos en genética principalmente” y aseguró que hasta ahora no hay motivos para que esa institución asuma las pesquisas.
A la rueda de prensa llegaron familiares de personas presuntamente cremadas en ese establecimiento, denominado Cremaciones Pacífico, y expresaron la inquietud que les provocó la noticia del hallazgo.
“Vi encendido el horno y vi a mi madre ahí tendida, pero nunca vi que la hayan metido. Entonces con mis hermanos hicimos memoria y nos acordamos de que el señor que estaba ahí nos decía: Si quieren váyanse porque es peligroso este lugar”, narró David Jaimes, cuya madre murió hace casi dos años.
Refirió que él y sus hermanos se preguntaban por qué les pedían con tanta premura que se retiraran, pero por la inseguridad que impera en el municipio de Acapulco decidieron hacerlo.
“Esa es la gran incertidumbre que hoy nos embarga, y no vamos a descansar hasta que determinen qué es lo que tenemos hoy en nuestro poder”, apuntó Jaimes al aludir a las cenizas que le entregaron en el crematorio.
El hallazgo de los cuerpos en el crematorio la noche del jueves fue posible por una llamada de los vecinos, quienes advirtieron el olor fétido en las inmediaciones del establecimiento ubicado en la carretera Cayaco-Puerto Marqués, cerca de la zona residencial Diamante.
A unos 200 kilómetros de Acapulco se encuentra Iguala, el municipio en el que el pasado 26 de septiembre desaparecieron 43 estudiantes de una escuela rural para maestros tras ser atacados por policías locales corruptos que los entregaron al cártel de Guerreros Unidos.
Según el testimonio de algunos de los criminales detenidos desde entonces por este caso, los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un vertedero de la población vecina de Cocula.