Exculpan a Peña Nieto por el caso “Casablanca

Las autoridades de México descartaron este viernes que el presidente Enrique Peña Nieto haya incurrido en conflicto de interés en la compra de una casa a un contratista del gobierno.

El titular de la Secretaría de la Función Pública de México (SFP), Virgilio Andrade, también informó en conferencia de prensa que en la adquisición de una millonaria mansión por parte de la esposa del presidente, Angélica Rivera, no existió una participación indebida.

El caso de la llamada “Casa Blanca” se convirtió el año pasado en un escándalo político que afectó la imagen presidencial dentro y fuera de México.

La propiedad estuvo en “posesión” de la primera dama hasta diciembre del año pasado.

Se trata de una vivienda valuada en unos US$7 millones ubicada en Lomas de Chapultepec, una exclusiva zona residencial en el oeste de Ciudad de México.

La propiedad estuvo en “posesión” de Rivera hasta diciembre del año pasado, cuando el contrato fue cancelado poco después del escándalo revelado a través de medios de comunicación.

Andrade aseguró que la casa “estaba siendo pagada con el patrimonio exclusivo de la señora” y que los pagos realizados provenían “de su cuenta personal” gracias a su trabajo como actriz de la cadena Televisa.

En el caso de la vivienda adquirida por el presidente Peña Nieto en la localidad de Ixtapan de la Sal, en el sur del estado de México, el gobierno también descartó conflicto de interés.

“No hubo ninguna participación del licenciado Enrique Peña Nieto en los procedimientos de contratación, lo que excluye la existencia de un beneficio, provecho o ventaja”, señaló Andrade.

Pese al informe exculpatorio, algunos han cuestionado la imparcialidad del equipo de investigación que fue nombrado por el gobierno.

“Sin ventaja ni provecho”

La Presidencia de México ya había aclarado tiempo atrás que la asignación de contratos de obra pública no es responsabilidad directa del mandatario.

La misma empresa de la casa de la primera dama había vendido una propiedad al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en el pueblo de Malinalco, en el estado de México.

Andrade también descartó conflicto de interés en esa adquisición.

“La obligación en relación con los conflictos de intereses está referida a los servicios en activo“, indicó el titular de la SFP.

“No hubo ninguna participación del licenciado Enrique Peña Nieto en los procedimientos de contratación, lo que excluye la existencia de un beneficio, provecho o ventaja”, dijo el funcionario del gobierno encargado de la investigación.

Ni Peña Nieto ni Videgaray, en el gobierno desde diciembre de 2012, eran funcionarios públicos federales en el momento en el que compraron los inmuebles.

“Se determinó que no existe conflicto de interés ya que ni el licenciado Peña Nieto ni el doctor Videgaray incurrieron en alguna acción parcial relacionada con las atribuciones que les corresponde ni participaron de forma alguna en los contratos”, agregó.

El funcionario indicó que los dos grupos empresariales vinculados a las inmobiliarias a través de las cuales se adquirieron las tres viviendas en cuestión tienen 33 contratos con el gobierno federal pero aseguró que “no hubo beneficio” a favor de los contratistas.

Esos contratos, especificó Andrade, representan el 0,17% del monto total de los contratos otorgados por el gobierno federal entre 2011 y marzo de este año.

En el marco de la investigación que comenzó en febrero cuando Andrade fue nombrado en el cargo, entrevistó a 111 funcionarios públicos, explicó este viernes.

Analistas y opositores han cuestionado que haya sido el propio gobierno el encargado en investigar un posible conflicto de interés del presidente.

“¿Cómo puede ser que sea un empleado quien absuelve a su jefe?”, señaló este viernes el presidente del Partido de Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya.

“Lo que ha expresado Virgilio Andrade”, agregó, “es una auténtica burla que ofende a los mexicanos y viene a confirmar lo que lastima tanto a nuestro país, la impunidad, que la corrupción queda sin castigo”

Se ha cuestionado que el propio gobierno haya sido el encargado de encargar un posible conflicto de interés del presidente, quien nombró al titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade.

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