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La corrupción y los abusos por parte de la policía y las fuerzas armadas, incluidos homicidios, desapariciones y torturas, son las principales violaciones de los derechos humanos registradas en México en 2013, según el informe anual publicado hoy por el Departamento de Estado de EE.UU.
“La impunidad generalizada y la corrupción siguieron siendo problemas graves, especialmente en los niveles estatales y locales, en las fuerzas de seguridad, y en el sector judicial” en México, apuntó el reporte sobre los derechos humanos en el mundo, que fue enviado hoy al Congreso estadounidense.
“La violencia atribuida a las organizaciones criminales transnacionales y locales, la violencia contra las mujeres y la violencia contra los periodistas, que limita la libertad de expresión, persistió” durante el pasado año, según advirtió el Gobierno estadounidense.
El informe indica que Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) y otras fuentes informaron de secuestros, abusos físicos y condiciones de hacinamiento en las cárceles, así como de arrestos, detenciones arbitrarias y confesiones obtenidas mediante tortura.
Según el informe, también se reportaron denuncias de amenazas y violencia contra defensores de los derechos humanos, así como contra lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT).
Otra de las grandes preocupaciones en materia de derechos humanos radica en el “secuestro, robo y abuso” contra los migrantes procedentes de Centroamérica.
“La violencia doméstica, la trata de personas, el abuso de las personas con discapacidad y la discriminación económica y social contra algunos miembros de la población indígena” son otras de las violaciones de los derechos humanos identificadas en México en 2013.
“A pesar de algunos arrestos por corrupción, la impunidad generalizada de los abusos contra los derechos humanos por parte de funcionarios sigue siendo un problema en ambas jurisdicciones civiles y militares”, reiteró el informe.
El texto hace especial hincapié en el riesgo que corren los periodistas, quienes a pesar de las leyes federales en apoyo a la libertad de prensa, fueron víctimas de amenazas, acoso y violencia, en gran parte debido a la delincuencia organizada.
“Los reporteros que cubren el crimen organizado, incluyendo sus vínculos con funcionarios públicos corruptos, reconocieron la práctica de la autocensura, reconociendo el peligro que representa el periodismo de investigación para ellos y sus familias”, indica el gobierno estadounidense.
El informe del Departamento de Estado se remite a los legisladores estadounidenses para que decidan sobre la ayuda exterior que conceden a cada país en función de su situación y sus necesidades.
