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En la contienda nacional entre jurisdicciones federales para juzgar al narcotraficante y escapista mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, el lugar que encabeza actualmente al resto está lejos de la frontera sur: Brooklyn.
Funcionarios del Departamento de Justicia aún no han hecho comentarios sobre la muy esperada decisión que involucra a siete fiscalías, las cuales han acusado formalmente a Guzmán en las últimas dos décadas de asociación delictuosa para traficar droga y otros cargos.
Pero dos funcionarios judiciales con conocimiento del proceso dijeron a The Associated Press que es probable que, si es transferido de la custodia mexicana a la estadounidense en los próximos meses, Guzmán sería enviado al Distrito Este de Nueva York en Brooklyn. Los dos funcionarios solicitaron no ser identificados debido a que no están autorizados a hablar públicamente sobre la decisión.
En momentos en que Guzmán lucha contra su extradición, un esfuerzo que podría alargarse indefinidamente, se ha rumorado que la oficina de Brooklyn, que solía ser encabezada por la secretaria de Justicia Loretta Lynch, encabeza las fiscalías que podrían encargarse de su proceso.
Pero sin importar el lugar en el que sea juzgado dentro de Estados Unidos, Guzmán seguro ocasionará un frenesí mediático y presentará un reto de seguridad que ha atormentado a las autoridades mexicanas. El año pasado, el jefe del implacable Cártel de Sinaloa escapó de una prisión de alta seguridad por segunda vez —valiéndose de un túnel de 1,6 kilómetros (una milla) de largo y presuntamente con ayuda de guardias deshonestos— y pasó varios meses prófugo antes de ser recapturado en enero tras una balacera sangrienta en la ciudad costera de Los Mochis, en el occidental estado de Sinaloa.
Su aprehensión, así como la decisión de las autoridades mexicanas de trasladarlo a una cárcel en Ciudad Juárez, justo al otro lado de la frontera frente a El Paso, Texas, revivió conjeturas sobre un posible proceso en Estados Unidos, en uno de los siete distritos donde tiene abierto un expediente: Brooklyn, Manhattan, Chicago, Miami, San Diego, El Paso y New Hampshire.
En las acusaciones formales federales en esos distritos se le acusa de supervisar un imperio que ha envenenado las calles estadounidenses al contrabandear gran cantidad de toneladas de cocaína, heroína y marihuana a través de túneles o compartimentos secretos en automóviles, camiones y vagones de ferrocarril.
En una acción que se considera estaba dirigida a quitar obstáculos a la extradición, fiscales en Brooklyn revisaron su acta de acusación el mes pasado para retirar más de una decena de cargos que pueden castigarse con la pena de muerte por asesinatos específicos realizados por sus esbirros en México, al tiempo que preservaron los cargos por asociación delictuosa para cometer asesinato, los cuales conllevan una sentencia de cadena perpetua. Más o menos al mismo tiempo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que había solicitado y recibido “garantías suficientes” por parte de funcionarios de Estados Unidos de que Guzmán no sería ejecutado.
Sólo San Diego —primero en abrir proceso contra Guzmán, en 1996— y El Paso han realizado solicitudes formales de extradición. Pero tras bastidores, es probable que fiscales de los siete distritos hayan cabildeado ante el Departamento de Justicia para recibir a Guzmán, en algunos casos viajando a Washington para presentar lo que consideran son sus fortalezas en sus casos.
