Observatorio Bahia Noticias Puerto Vallarta
Articulos Relacionados
Por Gloria Herrera
Aunque sin fechas precisas, el magistrado Antonio Luis Betancourt Sánchez, sentenció que de no acatar la resolución judicial por parte de los pobladores de Mismaloya, en cualquier momento se podría solicitar el uso de la Fuerza Pública para desalojar, siempre y cuando haya respuesta de las autoridades.
El magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 13 de Guadalajara es la persona que lleva el proceso judicial y quien en octubre pasado se decía que había ordenado la presencia de la Fuerza Pública en la población, para ejecutar una orden de desalojo.
“La situación es clara, hay sentencias, hay una resolución que hay que cumplir, hay problemas sociales con la gente. Ya tenemos tiempo ahí. De hecho, no queremos hasta ahora pronunciarnos sobre el caso por los momentos procesales que se van dando”.
En cuanto el uso de la fuerza para el desalojo mencionó que sí se pedirá a la fuerza pública apoyo.
“Es una de las opciones que tiene el procedimiento de ejecución, en un momento dado si la gente se opone a hacerlo de forma voluntaria, nosotros lo solicitamos a quien gane. En estos asuntos tenemos que pedir el apoyo de la Fuerza Pública”.
A lo que agregó: “Eso es conforme como le digo. La gente interpone amparos y se van retrasando los puntos. Cuando yo llegué ese asunto estaba muy abandonado y tratamos ya de ejecutarlo, no ha habido respuesta de parte de autoridades, estamos esperando a que se dé el apoyo y ya veremos nosotros el momento conveniente”.
Cabe recordar que aproximadamente 140 familias del poblado de Mismaloya temen ser desalojados de forma violenta debido a que el empresario tapatío Fernando Beltrán y Puga obtuvo el fallo, por parte del mencionado magistrado, a una sentencia de diez hectáreas, área que se encuentra habitada.
En ese sentido, el pasado día 21 de octubre de 2015 se reunieron de los pobladores de Mismaloya, quienes enviaron un emisario a platicar con el hasta entonces representante del gobernador en Puerto Vallarta, el señor Sergio Ramírez Robles, señalando este último que el gobierno estatal no se prestaría de ninguna manera a un desalojo violento y tampoco prestaría a la Fuerza Pública para tal efecto.
