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Medios de comunicación y ciudadanos protestarán este jueves en distintas ciudades de Sinaloa contra la “Ley Bozal” aprobada por el Congreso estatal, la cual limita las coberturas de temas de seguridad porque, dicen, viola los derechos de acceso a la información y la libertad de expresión.
Según información de Sinembargo.mx a pesar de que el Congreso planea derogarla en el periodo extraordinario el 21 de agosto, el director del diario Noroeste, Adrián López Ortiz, advirtió que hay legisladores que se han pronunciado a favor. En Culiacán, Mazatlán, Guamúchil, Guasave y Los Mochis marcharán de forma simultánea 20 medios y comunicadores independientes. El director administrativo de El Diario, Guillermo Angulo, dijo que aunque “hasta el momento” los trabajadores de esa publicación no han “sufrido presiones” al hacer su trabajo, “a otros medios les ha pasado”. “Como medios debemos de apoyarnos todos, somos una gran familia”, afirmó. El director general del diario local Noroeste explicó que el Artículo 51 Bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia violenta el derecho de los ciudadanos a tener información en materia de seguridad pública y justicia. Afirmó que viola el derecho de todos los ciudadanos a saber, a conocer, sobre temas de seguridad que son los temas más relevantes para el estado, “su principal problema”, dijo. Aunque hay dos iniciativas propuestas por el Ejecutivo y Legislativo estatal para derogar el artículo mencionado, López Ortiz alertó que el riesgo sigue latente, pues hay legisladores que se han pronunciado a favor del mismo. “Lo que nos preocupa es que ha habido como un doble discurso, mientras que, por un lado, se nos dice que sí se va a derogar, lo que hemos visto son tentaciones de algunos legisladores, en específico de Adolfo Rojo y de Yudith del Rincón, de sí estar de acuerdo con el artículo, de sí reformar el artículo. Ayer (el lunes) mismo la oficina del Gobernador lo que intentaba era proponer una alternativa, deciden, al final, firmar. Entonces, ¿cuál es el riesgo? pues que en el camino no cumplan lo que prometen”, expuso. Andrea Miranda, Directora editorial de El Debate, advirtió que la “Ley bozal” también prohíbe a los ciudadanos compartir información relacionada con el tema. “Cuando la gente tenga participación, se encuentre con un hecho delictivo, tampoco podrá tomar fotografías, tampoco podrá compartirla con los medios, tampoco podrá ver a una persona que ha sido participe de algún delito y no lo podrá conocer, por lo cual no lo va a poder señalar, ni sumarse a una denuncia”, explicó. Javier Valdez Cárdenas, periodista de Ríodoce y escritor, expuso que la ley restringe los derechos humanos por lo que convocó a la sociedad a unirse: a los abogados, a los empresarios, activistas, universitarios, y más. La ley presentada por el Gobernador sinaloense, Mario López, y aprobado por unanimidad en el Congreso estatal, señala que los periodistas “en ningún caso” podrán tener acceso a los lugares donde se registran hechos delictivos. Tampoco podrán acceder a “información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia”, salvo a través de boletines de prensa. El presidente de la Comisión de Coordinación Política del Congreso estatal, Jesús Enrique Hernández, anunció que los legisladores de Sinaloa pretenden dar marcha atrás y derogar la reforma, pero hasta el período extraordinario que se desarrollará el próximo 21 de agosto. Hernández Chavez argumentó que la reforma fue aprobada por el intenso trabajo para dictaminar 34 iniciativas que “llevó a no detectar este tipo de detalles” y aseguró que son situaciones que se presentan en todos los Parlamentos del mundo. Ante ello, el Gobernador reconoció que “hasta al mejor cocinero se le va la papa entera”. El martes, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), rechazó esta “Ley Bozal” porque, a su juicio, es “un acto de grave censura”. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, aseguró que estarán “alerta” ante el compromiso de que se “eliminará esta nueva disposición de censura, contraria a lo consignado en la Constitución federal mexicana”. Para la SIP, lo más polémico de la medida es que “impide a los funcionarios hacer declaraciones o dar entrevistas”, mientras que limita la información a los boletines de prensa de la Procuraduría. Sinaloa es uno de los cinco estados más violentos del país, con una tasa de 41 homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras oficiales de 2013. Esta región, cuna desde los años setenta de importantes capos del narcotráfico, vive un recrudecimiento de la violencia por el reajuste de los grupos del crimen organizado tras la captura del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “el Chapo” Guzmán, en febrero pasado.
