- Se han detectado una serie de irregularidades y un manejo irresponsable de las finanzas públicas, informó el titular de la Contraloría.
Como parte de las observaciones del proceso de entrega-recepción de la anterior administración, en las diferentes dependencias que conforman el Ayuntamiento de Puerto Vallarta se han detectado una serie de irregularidades y un manejo irresponsable de las finanzas públicas que impactarán negativamente en los servicios a la población.
Lo anterior informó este martes en rueda de prensa el encargado de despacho de la contraloría municipal, Luis Roberto González Gutiérrez, al señalar que entre las irregularidades detectadas al gobierno anterior, está la baja o despido de 1,412 trabajadores de confianza y eventuales que realizó el 30 de septiembre, de los cuales sólo se liquidó a 492 servidores públicos, dejando la responsabilidad del finiquito de más de 900 empleados municipales a esta administración y sin recursos programados para hacerlo.
Indicó que el gobierno anterior actuó de manera irresponsable, sin ninguna planeación, ni visión al respecto, al no cumplir con el procedimiento de liquidación correspondiente de los trabajadores, ni haber presupuestado los recursos para ello, lo que ha impactado negativamente en la operatividad de la nueva administración, particularmente en los servicios públicos.
Aunado a ello, denunció que, a través de la Oficialía Mayor Administrativa, también se han detectado irregularidades en el tema de las jubilaciones, generando incluso información falsa para ampliar la antigüedad de algunos trabajadores; de los cuales, de 88 casos, 31 han tenido observaciones y están siendo llamados por la dirección jurídica para revisar su situación particular. Además, se han encontrado equipos de cómputo en donde no existe información de archivos y expedientes que no se han identificado físicamente en las dependencias.
El funcionario enfatizó que la instrucción del presidente Luis Munguía es revisar a fondo este proceso e iniciar con las denuncias correspondientes en la fiscalía anticorrupción ante el presunto desfalco financiero.