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Luego de que el pasado miércoles 29 de julio FM4 Paso Libre anunció el cierre de sus instalaciones en Guadalajara, debido a las agresiones que sufrían los migrantes que llegaban al inmueble por parte de delincuentes que operan en la zona, la organización civil informó que llegó a un acuerdo con autoridades del gobierno estatal para reubicar sus instalaciones, y continuar así dando ayuda humanitaria a las personas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos a través de la Ruta del Pacífico.
En un comunicado, FM4 explica que a partir del anuncio del cierre “se intensificó el diálogo con el Gobierno del Estado a fin de encontrar posibles soluciones para resolver esta situación”.
“De parte de la organización demandamos la generación de una estrategia integral de seguridad que nos posibilite continuar con nuestra labor. En atención a ello, se acordó que un paso necesario y urgente era la reubicación del Centro de Atención a Migrantes (CAM)“, apuntó en el texto Rafael Alonso Hernández, coordinador de FM4 Paso Libre.
“El primer paso para una estrategia más amplia planteada de común acuerdo con el Secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, está en condiciones de llevarse a cabo -planteó Alonso Hernández-. Por tanto, al día de hoy, se ha acordado la reubicación del CAM. Un primer momento en este proceso ha sido la firma de un acta de entrega y recepción de un inmueble cercano a las vías del tren. Quedamos en espera de firmar de manera formal, a la brevedad posible, el Contrato de comodato con el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz”.
Para el coordinador de FM4 Paso Libre esta “primera acción” marca el inicio de una estrategia que, no obstante, “requiere de acciones que van más allá de la posesión de un inmueble”.
“Buscamos condiciones de seguridad para que las lamentables circunstancias que nos obligaron a cerrar el CAM no se vuelvan a repetir”, exigió el activista.
Las agresiones a migrantes en Guadalajara
El pasado miércoles, FM4 anunció que después de cinco años auxiliando a más de 19 mil migrantes en la capital jalisciense cerraba sus puertas.
El motivo por el que se informó que cerraban fue las agresiones que especialmente en los últimos 18 meses han sufrido las personas migrantes que llegaban al comedor.
“Desafortunadamente, circunstancias ajenas a nosotros han puesto nuestra labor en riesgo, y el tránsito de los migrantes por la ciudad se ha vuelto peligroso (…). Desatender o clausurar la labor de atención a migrantes, tiene consecuencias sociales y de seguridad para la población de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Tal y como ocurre en otras ciudades del país, grupos vinculados a la delincuencia aprovechan el aislamiento y la marginación a la que se orilla al migrante y lo violenta directamente (asalto, secuestro, abuso sexual y/o físico) o bien, lo involucra en sus actividades ilícitas, enganchándolos a alguna sustancia o reclutándolo por intimidación”, expuso en un comunicado el pasado miércoles Rafael Alonso Herrera, coordinador general de la organización civil.
Pablo Montaño, coordinador institucional de FM4 Paso Libre, matizó en entrevista con Animal Político que las agresiones contra los migrantes se dan principalmente por asaltantes que delinquen en la zona donde se encuentra el comedor, y no por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación o de otros grupos del crimen organizado.
“Lo que ha sucedido es que hay personas que han aprovechado la afluencia de migrantes al comedor y las características del lugar en el que estamos, que es una zona aislada y con pocos accesos, para agredir a los migrantes”, abundó el activista en la plática que mantuvo con este medio el pasado miércoles.
“Es posible que haya presencia del crimen organizado en algún nivel de relación con estas personas que agreden, pero no tenemos pruebas. Lo que sí vemos claramente es que se trata de personas que están en situación de calle y que vienen aquí a agredirlos. Pero de ahí a pensar que el Cártel Jalisco Nueva Generación esté operando una red de asaltos de migrantes afuera de nuestro comedor, es una afirmación un tanto arriesgada”, añadió Montaño.
“En definitiva, se trata de un deterioro paulatino de las condiciones de seguridad”, remachó el activista.
