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Familiares de los normalistas desaparecidos, su defensa y los normalistas de Ayotzinapa, representados por el secretario de su Comité Estudiantil, rechazaron la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo titular, Jesús Murillo Karam, declaró la tarde de ayer que había elementos suficientes para concluir que los 43 estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero.
Por el contrario, para los padres de los jóvenes el caso aún dista de estar resuelto, pues señalaron que existen varios elementos que todavía no se han aclarado en la investigación y no hay certeza científica de que los normalistas hayan sido asesinados como sostiene la PGR.
Unas horas después de que el Procurador Murillo Karam informara a los medios su conclusión del caso -incumpliendo con ello el acuerdo que el gobierno había hecho a los familiares de que ellos serían los primeros en enterarse-, el vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz, dijo que repudiaban la forma en que el Procurador pretende cerrar “de manera descarada” la investigación por los hechos del 26 y 27 de septiembre pasados, cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fue atacado por policías municipales y presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Del ataque resultaron muertas seis personas, tres de ellas estudiantes, y 43 normalistas fueron desaparecidos forzadamente por los policías.
“No vamos a permitir que concluyan o que cierren las investigaciones”, advirtió el representante de los familiares, para luego manifestar que mantendrán su lucha pacífica hasta que les demuestren científicamente que los normalistas desaparecidos fueron asesinados, como sostiene la PGR.
“No vamos a descansar, que le quede bien claro al gobierno de México. Los padres de familia vamos a seguir en la lucha”, expresó de la Cruz en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Agustin Pro Juárez, ante un auditorio repleto de medios de comunicación.
Asimismo acusó que la declaración de Murillo Karam “violentó” el acuerdo hecho por el Presidente Enrique Peña Nieto con los padres de familia, conforme al cual se determinó que la información sobre el caso tenía que notificárseles a ellos primero. Sin embargo, eso no ocurrió ayer, dijo.
El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, consideró que hay una intencionalidad política por parte del Gobierno federal para cerrar el caso a “toda prisa” y dejarlo impune. Ante ello, informó que llevarán el caso ante la justicia internacional.
“Nosotros estamos viendo claramente que este caso empieza a tener una tendencia hacia la impunidad, por eso desde hoy lo decimos enfáticamente: México tiene responsabilidad internacional y de cara a los derechos humanos que han sido conculcados acá.
“[Las investigaciones] tendrán que ser revisadas por organismos de derechos humanos tanto del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, así como del Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH). Hacia allá vamos a empezar a enfilar el presente caso porque aquí se perfila nuestro caso porque el gobierno siembra impunidad”, manifestó.
10 RAZONES PARA NO CERRAR EL CASO
El abogado Rosales reiteró que la investigación no es concluyente porque aún tiene puntos fundamentales que no han sido esclarecidos, de los cuales expuso un decálogo.
El primero de ellos, explicó, es que “no hay certeza científica” que haga concluyente la versión de que los estudiantes fueron asesinados.
Tampoco, dijo, puede ser concluyente la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, alias ”El Cepillo” o “El terco”, señalado por la PGR como quien habría ordenado el asesinato de los 43 estudiantes y la posterior desaparición de sus restos. El defensor subrayó que en su declaración ministerial, el presunto responsable no refiere de manera puntual el momento en que habría estado durante los eventos en el basurero de Cocula.
Un tercer elemento para rechazar la resolución de la investigación, a decir del abogado, es que depende “excesivamente” de los testimonios de los detenidos, a quienes además se señala como presuntos responsables. Rosales cuestionó que se pretenda sustentar la veracidad de los hechos en testimonios de personas a quien la propia autoridad considera como los presuntos criminales, máxime si no hay otros testimonios diferentes a los de los inculpados que respalden sus dichos.
Respecto a los testimonios, el abogado refirió los señalamientos de que algunos de éstos habrían sido obtenidos bajo coacción.
Otro elemento por el que no se puede cerrar el caso, dijo Rosales, es que la PGR no ha investigado el homicidio de Julio César Mondragón Fontes, el normalista asesinado y cuyo rostro y orejas fueron desollados. “Es un cabo que está suelto dentro de toda la investigación”, apuntó.
A ello agregó la falta de detenciones “clave”, como la de Felipe Flores, el Secretario de Seguridad Pública en Iguala al momento de los hechos; de Gildardo López Astudillo, alias “El Cabo Gil”, y de al menos 11 personas más que supuestamente participaron en los hechos. Rosales consideró importantes estas detenciones, dado que sus testimonios podrían cambiar el rumbo de la investigación.
