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Ante el Congreso de Jalisco el diputado Salvador Zamora Zamora de Movimiento Ciudadano, presento varias iniciativas de acuerdos legislativos para que se les pague o se les otorgue el título de propiedad a varios ejidatarios del estado. Estos exhortos ya fueron aprobados por el Pleno del Poder Legislativo en la última sesión.
En el primer acuerdo se pide al Gobierno Federal que por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano concluya los avalúos y la expedición de títulos de propiedad en el predio denominado Latillas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Este terreno que cuenta con más de 98 hectáreas y al ser nombrado terreno nacional, a los habitantes de esa zona no les han efectuado los pagos correspondientes al avaluó ni tampoco se les ha dado un título de propiedad.
En otros de los acuerdos aprobados, también se pide al Gobierno Federal que por medio de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) se concluya el pago a los ejidatarios del Ejido Lo Arado del municipio de Casimiro Castillo. En el Ejido Santa Ana Tepetitlán del municipio de Zapopan se solicita igualmente apoyo del Gobierno Federal para que terminen con los trámites expropiatorios pendientes y la agilización de los pagos correspondientes.
Así mismo, en otro acuerdo se pide se otorgue la declaratoria de la Comunidad Indígena de Santa María Tequepexpan al H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, ya que existen 25 colonias dentro de esta Comunidad con más de 1380 hectáreas que se encuentran sin escriturar y los ejidatarios requieren tener seguridad sobre la tenencia de sus tierras.
En cuanto al Ejido Zapotlanejo, en otro acuerdo se exhorta al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano esclarezca los motivos por los cuales se les quitaron más de 199 hectáreas para la construcción del entronque Zapotlanejo II de la carretera Guadalajara-Tepatitlán de Morelos y el Macrolibramiento, sin cubrir hasta la fecha el pago correspondiente.
Lo que están viviendo actualmente los ejidatarios de Jalisco es una grave inseguridad en la tenencia de sus tierras, lo que produce que sus hogares se vean fuertemente limitados en la alimentación de sus familias y los medios para sostenerlas. Y, pese a que la expropiación es un derecho permitido constitucionalmente, para que se dé una expropiación siempre deberá existir una indemnización, situación que hasta la fecha no se ha dado, y menos cuando los decretos correspondientes no se han realizado.
La población campesina requiere la aplicación de una verdadera justicia social que la rescate de la pobreza en que se encuentra sumergida. Es necesaria una verdadera protección a la población campesina, el sector más débil en relación a la tenencia de las tierras, ya que por más que siempre se ha mantenido en movimientos sociales en busca de la protección y reconocimiento de sus derechos, hasta ahora no hay justicia para ellos.
