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Una de cada 10 víctimas de desaparición forzada es menor de edad, de acuerdo con las denuncias de las que tuvo conocimiento la Procuraduría General de la República entre junio de 2013 y enero de 2015.
De las 120 personas que fueron levantadas por alguna autoridad en México, 12 son de 17 años o menos y 62 víctimas tienen entre 18 y 33 años; la suma de ambos rangos de edad representa el 62% de las personas que fueron desaparecidas por alguna autoridad, revela la información obtenida vía transparencia.
Otras nueve personas tienen entre 34 y 38 años, cinco de 39 a 43, tres de 44 a 48, dos son mayores de 54 años y de 27 no se sabe su edad.
La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República, que encabeza Arely Gómez González, revela que hay 31 casos de desaparición forzada que fueron cometidos en el año 2013; 30, en el 2010; 27, en el 2011; 16, en 2009; siete, en 2014; cuatro, en 2012; cuatro, en 2008, y uno, en 2005.
El documento precisa que los varones son más vulnerables a ser víctimas de los elementos policiacos o las fuerzas armadas ya que del total de víctimas, 112 son hombres y ocho mujeres, es decir, el 93% son de sexo masculino.
Es obligación del Estado garantizar protección
En México hay 28 mil 161 personas desaparecidas, siete mil 957 son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, cifra que representa el 28% del total, es decir 3 de cada 10 desaparecidos, precisan las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El Estado tiene la obligación de promover políticas integrales de prevención, impedir que sus agentes y fuerzas armadas participen en el delito de desaparición forzada y garantizar protección especial a los niños y adolescentes ya que en el País hay una múltiple violación a sus derechos humanos, subrayaron representantes de la Unicef y del Alto Comisionado de la ONU en México, en el foro “Desapariciones en México: Una mirada desde los derechos de la Infancia”, que se llevó a cabo en enero en el Senado de la República.
Alison Sutton, representante adjunta de UNICEF, advirtió además que la desaparición forzada de adultos tiene un grave impacto en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en el país, por lo cual es necesario desarrollar políticas y mecanismos de apoyo como el acceso de derechos a la continuación de la educación, salud o de salud mental y acceso a la seguridad social.
Advirtió que la proporción de niñas y niños que se encuentran en el registro de personas desaparecidas, merece un esfuerzo especial de mecanismos de búsqueda.
En tanto, Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, señaló que es una prioridad que la ley cuente con una perspectiva de derechos de la infancia, en la que se retomen los estándares internacionales y los sentidos en que la desaparición afecte a los niños, niñas y adolescentes.
El INEGI resalta que la cifra negra de delitos que no se denuncian en México es de 92.8%. En el caso de los desaparecidos, al no tener un cuerpo tampoco hay averiguación previa de oficio y muchas veces los familiares prefieren no denunciar los hechos por miedo o desconfianza.