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Alrededor de 400 mil km2 de terrenos en 12 estados podrían ser expropiados por el gobierno federal con fines de exploración y extracción de hidrocarburos, actividad que, de acuerdo con la reforma energética, tendrá preferencia en el territorio nacional, advirtió el senador perredista Luis Sánchez.
Derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo, señala el artículo octavo transitorio de la reforma aprobada en diciembre pasado.
Mediante datos de Pemex, el legislador calculó que la infraestructura de transmisión y distribución (el tendido de líneas que recorren el país), así como subestaciones y otras instalaciones, junto con la explotación de hidrocarburos, abarcarán más de 400 mil km2 en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.
De esta manera, ejidatarios y terratenientes de 260 municipios estarían en riesgo de perder sus tierras debido a la prioridad de explotación de hidrocarburos que pesará sobre ellas, explicó Sánchez al concluir su participación en el foro por el Día Mundial del Medio Ambiente, organizado este martes por la Cámara de Diputados y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Bajo esta premisa, el también vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado subrayó que las empresas privadas con actividades de exploración y extracción de hidrocarburos tendrán preferencia en la exploración del territorio, pero no en beneficio de la nación, sino en una clara acción comercial.
“Tanto la explotación petrolera como la actividad de la industria eléctrica tendrán un evidente propósito de lucro cuando la lleven a cabo los particulares, por lo que las expropiaciones podrían traer consigo un conflicto que puede resultar muy fuerte ante la dificultad para solucionarlos como en el pasado”, apuntó el legislador.
Sánchez Jiménez dijo que con esta medida se pasará de un régimen de propiedad nacional a otro privado, lo que traerá consigo consecuencias sociales como el desarraigo de pobladores, la ruptura del tejido social, la aparición de fuerzas armadas privadas de las compañías, cacicazgos locales, injusticias y exacerbación del resentimiento social.
“Estamos esperando que la consulta popular pueda parar esto, pero de no ser así nos vamos a enfrentar a un grave problema de afectaciones tanto sociales como ambientales, porque además de que los ejidatarios y propietarios de la tierra no van a tener posibilidad de amparo, ya que se trata de una medida establecida en la Constitución, la explotación de hidrocarburos representa severos daños a los ecosistemas de estas entidades”, concluyó el senador.