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Ángel Heladio Aguirre Rivero, Gobernador de Guerrero, ha decidido, por fin, pedir licencia.
El político del Partido de la Revolución Democrática (PRD) asumió la gubernatura el 1 de abril de 2011. Después de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en la ciudad guerrerense de Iguala, se mantuvo aferrado al cargo durante 27 días, sostenido por el apoyo brindado desde el Distrito Federal por la corriente conocida como “Los Chuchos”, conformada por Carlos Navarrete, Jesús Ortega y Jesús Zambrano.
El grupo político de “Los Chuchos” decidió, el sábado pasado, brincarle todo su apoyo a Aguirre. Fue una batalla perdida de antemano: Aguirre está fuera.
Aguirre se va a un día de la marcha de miles de personas en México y el mundo, que sumaron sus voces para exigir al Estado la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre. La manifestación fue un grito de rechazo hacia Aguirre. Pero también fue uno de reclamo para el Presidente Enrique Peña Nieto.
El clamor en las calles había sido ignorado tanto por Aguirre como por la corriente mayoritaria del PRD.
Carlos Navarrete Ruiz, presidente nacional del PRD, se aferró en mantener a Aguirre. Convocó, unas horas después de que fuera nombrado dirigente nacional del PRD, a una reunión de su Comité Ejecutivo Nacional en Chilpancingo. Fue el 9 de octubre. Ahí, el líder perredista se sentó junto a Aguirre Rivero y expresó su apoyo al Gobernador.
Muchos advirtieron que Navarrete se compraba, en ese acto calificado como “arrebatado”, su primera derrota política como dirigente nacional. Hoy, en un giro de 180 grados, la cúpula de PRD pidió al mandatario guerrerense separarse de su cargo.
Aguirre Rivero manifestó en varias ocasiones que si su renuncia ayudaba a las investigaciones sobre el ataque a normalistas en Iguala, dejaría el cargo.
El 6 de octubre, Ángel Aguirre mencionó por primera ocasión: “Si mi renuncia ayuda a resolver el problema no tengo ningún inconveniente en irme, es un asunto de responsabilidad y obviamente yo tengo que asumir plenamente lo que a mi me corresponde”.
Horas después, en conferencia de prensa, el mandatario estatal reiteró sus declaraciones. Y aseguró:
“No me voy a ir ni como asesino ni como delincuente”.
Tras sus declaraciones de ese día, comenzaron a correr varios rumores sobre su dimisión. Pero el mandatario dejó en claro, a través de su cuenta de Twitter, que no iba. “Aquí está Aguirre, y Aguirre no se raja. El diálogo está abierto para todos”, afirmó el Gobernador.
Tres días después, nuevamente el Gobernador hizo mención sobre su salida del gobierno de Guerrero. Sin embargo, en esta ocasión arremetió contra las voces que pedían su salida.
“Yo no me voy a ir por los opinotecnócratas, quienes desconocen nuestra realidad […] que sean los guerrerenses que determinen si Aguirre se va o se queda”.
En esa ocasión, además se dijo dispuestos a que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice una consulta invocando el Artículo 35 constitucional para determinar si permanecía en la gubernatura de Guerrero.
Pero el INE respondió y dijo que no tenía la facultad para realizar este tipo de consulta.
La semana pasada, las voces que pedían su salida del gobierno de Guerrero, subieron de tono. El 12 de octubre, el líder del albergue Hermanos en el Camino, el padre Alejandro Solalinde Guerra, solicitó la renuncia del Gobernador Aguirre Rivero, ya que, dijo, el horror que hoy se vive en ese estado es producto de años en los que su gobierno ha dejado que la delincuencia organizada cometa atrocidades. “La última de ellas ha dejado ríos enteros de dolor e indignación en todo el mundo: la masacre y desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa”.
A través de una petición colgada en la página Change.org y dirigida al Diputado panista José Guillermo Anaya Llamas, presidente de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Solalinde acusó que el gobierno de Ángel Aguirre ha sido, en el mejor de los casos, “inepto e ineficiente; en el peor, cómplice y criminal”.
El Partido Acción Nacional (PAN) solicitó al Senado que declarara la desaparición de poderes en Guerrero, argumentado que el asesinato y desaparición de los normalistas en Iguala se pudo evitar
Posteriormente, el PAN y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidieron la renuncia de Ángel Aguirre Rivero, por ser responsable del “grave estado de ingobernabilidad” en que se encuentra sumido el estado de Guerrero.
A nombre de los senadores priistas, el vicepresidente del Senado, Arturo Zamora Jiménez, indicó que se pide la renuncia del Gobernador Aguirre por el desdén que ha tenido a la Constitución y a las leyes, por las cuales ha sumido a su entidad en una crisis de derechos humanos.
“Reprobamos profundamente las omisiones irresponsables en que ha caído el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero y sostenemos que no hay posibilidad alguna de que avancemos en la solución mientras éste permanezca en el cargo”, afirmó el priista.
De profesión economista, Ángel Heladio Aguirre Rivero llegó a la gubernatura de Guerrero con ciertos tropiezos políticos, pues en 2010 el hijo de Delfino Aguirre López y de María Dolores Rivero Baños pensó que ganaría las elecciones con la bandera del Partido Revolucionario Institucional (PRI); sin embargo, esa institución política designó a otro de sus militantes para contender por el gobierno de ese estado.
Fue así como llegó al Partido de la Revolución Democrática (PRD); y con el sol azteca ganó los comicios celebrados en 2010.
Contaba con experiencia como Diputado, Senador, Secretario y ocupó muchos puestos dentro del PRI en el estado. Por si fuera poco, en 1996 y hasta 1999 fue Gobernador de Guerrero.
Sí, ya había ocupado el cargo.
En aquel marzo de 1996, el Congreso del Estado lo designó como Gobernador sustituto, luego que Rubén Figueroa Alcocer solicitó licencia para separarse de su cargo como consecuencia de la masacre de campesinos en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, por parte de elementos de la Policía Estatal.
Y pareciera que le sigue los pasos s Figueroa Alcocer, pues ahora no solamente existe la matanza de Aguas Blancas, ahora se suma la masacre en la Autopista del Sol y la de Iguala.
Ya como Gobernador, Aguirre cumplió su primer semestre en el cargo con una polémica, pues en una investigación, SinEmbargo hizo pública la nómina del estado, donde por lo menos 93 familiares directos –es decir: hermanos, tíos, sobrinos y primos– de Ángel Heladio Aguirre Rivero; de su secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, así como del titular de la Secretaría de Finanzas, Jorge Silverio Salgado Leyva, tenían plaza.
Seis meses, 93 familiares en nómina –muchos inclusive cobraban sin trabajar–; y sin embargo, era sólo una punta del enorme iceberg de problemas que le venían a Guerrero.
El 12 de diciembre del 2011 un grupo de normalistas de Ayotzinapa tomaron la Autopista del Sol para exigir un mejor plan de estudios; horas después, las fuerzas estatales y federales realizaron un operativo de desalojo que dejó dos alumnos muertos.
Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, ambos estudiantes, perdieron la vida al ser impactados por las armas de los policíaas.
En julio de este año, Alejandro Hernández Paz y Puente, ex subprocurador Regional y de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia, fue absuelto de uno de los delitos que se le imputan por el caso del desalojo de la Autopista del Sol en Guerrero. Hoy, el ex funcionario está libre.
Ya para 2012, poco a poco, los levantamientos, secuestros, ejecutados, tiroteos, violencia, casos de corrupción fueron aumentando. Por si fuera poco, varios sismos y el pasó del huracán “Manuel” afectaron la zona costera.
A Aguirre no solo se le ha cuestionado por los sucesos de su actual gestión sino también por no aprender de las lecciones del pasado.
En 1997, cuando el huracán Paulina tocó tierras guerrerenses, según da constancia el diario La Jornada, Aguirre Rivero era Gobernador interino, y al igual que sucedió con “Manuel” el meteoro fue anunciado con oportunidad por instancias federales. Inclusive noticieros de cobertura nacional advertían de la eminente llegada del huracán a tierras mexicanas, pero a nivel local no hubo mayor información.
A 16 años de distancia, la historia se repitió. Horas antes de la llegada de la tormenta tropical “Manuel”, el Alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, rendía su informe de labores en el Parque Papagayo, mientras en La Sabana comenzaba a desbordarse el río; en paralelo, el Gobernador se encontraba en la Ciudad de México.
El 2013 fue un año de pesadilla para Aguirre: en febrero, el mandatario y el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera, comenzaron una polémica discusión, tras las declaraciones del Legislador en torno a que los mandatarios de las entidades en las que han aparecido grupos de autodefensa deberían “replantear” el funcionamiento de sus gobiernos.
Ángel Aguirre calificó la declaración de Beltrones Rivera como expresión de su “vocación represora”.
Aguirre Rivero tampoco puede controlar la crisis social ocasionada por la presencia de grupos delincuenciales en disputa por el corredor del Pacífico, codiciada ruta para el trasiego de enervantes.
Como una medida para apagar los focos rojos, hace un año realizó 17 cambios en su Gabinete; uno de los más importantes fue la creación de la Secretaría del Trabajo, en la que nombró como titular a Alberto López Rosas, ex Procurador de Justicia del estado y señalado como presunto responsable de la muerte de dos normalistas de Ayotzinapa.
Por otro lado, Guerrero es una de las entidades que presenta el problema de los grupos de autodefensa; un recuento del diario Milenio, hasta febrero de este año, señalaba que en el país operaban 36 grupos de autodefensa, 20 de ellos en la región guerrerense de Tierra Caliente.
Ante este problema, Aguirre salió al paso al reconocer la efectividad de los grupos de autodefensa, principalmente los que tiene sus bases en Ayutla y Teconoapa.
En febrero pasado, La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), conformada por 74 organizaciones del país, calificó a Guerrero como uno de los estados más peligrosos para el activismo en defensa y promoción de los derechos humanos y el periodismo.
Lo anterior ante el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia.
De acuerdo con la organización, existe preocupación por la situación de riesgo que viven los defensores de los derechos humanos en Guerrero y el clima de inseguridad generalizada al que se enfrentan.
La Red TDT afirmó que los ataques, hostigamiento, criminalización y hostigamiento contra los activistas es una práctica que distingue a la entidad, y mencionaron casos como el de la desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista ocurrida el 7 diciembre de 2011, los homicidios de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús; asesinatos como el de Juventina Villa Mojica y los de integrantes de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala, Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera, Román y Ángel Román Ramírez; el de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), entre otros.
De acuerdo al Índice de Paz en México, los tres estados más peligrosos del país son Morelos, Guerrero y Sinaloa, mientras que los más pacíficos son Campeche, Querétaro e Hidalgo.
Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Guerrero es la segunda entidad con el mayor número de secuestros, al registrar 207 por cada 100 mil habitantes y un incremento de 25 por ciento de este delito entre 2012 y 2013.
Mientras que en homicidios, el Estado de México junto con Guerrero y Michoacán fueron las entidades que concentraron el 31.63 por ciento de todas las denuncias de este tipo.
En un intento por detener la violencia, esta semana entró en funciones el llamado “Mando único” policiaco en los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Tixtla, Iguala y Teloloapan.
El Mando Único pretende bajar los índices de violencia y criminalidad que se registra en esos municipios, donde han ocurrido secuestros y otras situaciones en perjuicio de la población.
También las pugnas entre cárteles del narcotráfico han cobrado varias vidas, sobre todo en Teloloapan e Iguala, ambos municipios de la región Norte del estado.