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La situación de “calma” que asegura el Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz impera en Jalisco esconde, de acuerdo con un estudio, una problemática de violencia tan agudizada que tan sólo en 2013, en el primer año de su mandato, generó casi 400 homicidios dolosos más que los que reportó la Fiscalía del Estado.
Así lo determina el informe “Jalisco, la amenaza del crimen organizado y las políticas públicas para conjurarla”, concluido el 20 de abril por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal y que, luego de comparar el número de averiguaciones previas por asesinato con actas de defunción por esta causa, encontró que, entre 2010 y 2013, en la entidad ocurrieron más de mil 200 homicidios dolosos que no aparecen en las estadísticas entregadas por el Gobierno local al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La cifra de mil 99 casos reportados por la Fiscalía en 2013, por tanto, contrasta con las mil 488 víctimas registradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Y si bien entre ambos conteos suele haber diferencias porque la Fiscalía cuenta averiguaciones y el Inegi personas, en los últimos años la brecha entre ambos resultados ha presentado una expansión constante.
“De modo que la incidencia real del homicidio doloso en Jalisco es en realidad superior a la que le ha venido reportando al SNSP la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, hoy Fiscalía General del Estado de Jalisco […] En suma, lo que en una primera aproximación revela el análisis de la incidencia delictiva en Jalisco es que los datos oficiales son poco confiables y no revelan la realidad de los delitos denunciados o de los que tuvieron conocimiento las autoridades públicas de diferentes niveles de gobierno”, dice el estudio.
“De los delitos en que hay fuentes de información alternativas a las oficiales hay indicios de que éstas últimas podrían haber sido objeto de ‘rasurado’, como es el caso de homicidio, secuestro, robo de vehículos y robo de transporte de carga”, agrega.
La investigación fue realizada por el abogado, catedrático y presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, penalista y, también, fundador de la organización México Unido contra la Delincuencia.
En entrevista, Ortega explicó que la investigación fue realizada a petición de la cúpula empresarial de Jalisco, preocupada por el aumento de la violencia atribuida al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que empezó a hacer blanco, sobre todo, en políticos y fuerzas armadas de los diferentes niveles de gobierno.
La presentación oficial del documento, agregó, fue en la sede estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Guadalajara, el jueves 30 de abril, justo horas antes de que el viernes 1 de mayo el grupo criminal sorprendiera al país con 39 bloqueos, incendios y, en la costa sur, el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana.
Una vez reunidos en la sede de la Coparmex, explicó Ortega, se decidió contactar al Gobernador Sandoval Díaz y al Fiscal Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco para mostrarles el documento, a lo que accedió primero proponiendo de manera inicial una reunión para el sábado 3, misma que adelantó para ese mismo jueves cuando le dijeron de qué se trataba.
“Cuando el Gobernador preguntó el tema, abrió inmediato la agenda, y nos recibió. Estuvimos una hora en Casa Jalisco. Ahí le presenté el documento, le hice una exposición en power point con los puntos mas importantes”, dijo Ortega.
SEÑALAMIENTOS VS FUNCIONARIOS
El documento de 200 páginas, no sólo es una advertencia adelantada sobre la capacidad criminal del CJNG, sino que profundiza en aspectos como la histórica penetración del crimen organizado en la sociedad, la importancia geopolítica de la entidad, los síntomas de deterioro institucional e incluso los riesgos de que entre en la ruta de “Estado fallido” en la que han entrado otras entidades como Chihuahua, Tamaulipas o Michoacán y Guerrero.
Además de todos estos elementos, la investigación plantea los señalamientos de corrupción hechos contra el Fiscal General Nájera Gutiérrez de Velasco, exponiendo que el hecho de que, si bien no hay pruebas, el resultado en la entidad muestra que, mientras la violencia aumenta, él ha ido ganando poder.
“Tampoco pueden ignorarse los señalamientos que hay respecto a que el anterior secretario de Seguridad Pública de Jalisco y actual Fiscal general –quien además controla a la policía preventiva–, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, está vinculado al CJNG”, dice el documento.
“Es cierto que esos señalamientos no han sido probados, pero también que el resultado neto de la gestión del funcionario, primero como secretario de Seguridad Pública y ahora como Fiscal, no es la contención o debilitamiento de los grupos criminales, sino lo contrario. Si la tarea de la Policía Preventiva es precisamente prevenir el crimen, el disparo de la violencia bajo la gestión de Nájera indica que él no cumplió con su cometido principal. Es una incógnita por despejarse las razones por las cuales fue apoyado por el Gobernador Aristóteles Sandoval como Fiscal y además con más poder, al seguir controlando la policía preventiva”, agrega el texto.
En la entrevista, Ortega dije también que por este tipo de planteamientos fue que quiso darle el documento de manera personal a ambos funcionarios.
