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La ONG Human Rights Watch (HRW) criticó que el Gobierno mexicano haya hecho poco progreso en los esfuerzos para procesar criminalmente a los responsables de las violaciones de derechos humanos en el país.
La organización señala en su informe anual, que presenta en Sao Paulo y Estambul de forma simultánea, que las fuerzas de seguridad mexicanas se envolvieron en graves y repetidas violaciones de derechos humanos en operaciones contra el crimen organizado durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, quien asumió el cargo en 2012.
Crímenes que, de acuerdo con el documento, incluyen ejecuciones extrajudiciales y torturas, contra las que el Ejecutivo no luchó con firmeza.
Tal como dijo en rueda de prensa el director adjunto de HRW para América Latina, Daniel Wilkinson, a pesar de la presión internacional, sigue todavía un ambiente de impunidad casi total en el país.
El anuario denuncia además los frecuentes casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por parte de las fuerzas de seguridad, como el secuestro de 43 estudiantes de Ayotzinapa que, según la versión oficial, fueron retenidos por policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron.
HRW destaca sobre el caso los graves fallos en las investigaciones conducidas por el Gobierno y subraya que, conforme a los resultados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el proceso fue perjudicado por fallas procesales y la posible destrucción de pruebas esenciales.
En palabras de Wilkinson, uno de los desafíos más urgentes en México, y en Centroamérica como región, es fortalecer el sistema judicial para evitar que las fuerzas policiales se involucren en actividades criminales y generen más violencia, sobre todo en las operaciones para combatir la delincuencia organizada.
Y una de las propuestas de HRW es reglamentar la elaboración de narcóticos pues, como afirmó Wilkinson, ya ha llegado la hora de legalizar el consumo de drogas y buscar nuevas formas de regular la producción y la distribución.
El documento también enfatiza que el número de desaparecidos en México llega ya a 25.500 personas y que el Ejecutivo ha liderado iniciativas potencialmente prometedoras pero poco efectivas al respecto.
Por otra parte, el informe recalca, citando a la ONU, que continúa habiendo en México un número alarmante de ejecuciones extrajudiciales, las cuales se enmarcan en una impunidad endémica y sistemática.
Un clima de violencia que sigue estando presente en el país, ya que, en palabras de HRW, algunos jueces continúan desconsiderando denuncias de tortura y aceptando confesiones supuestamente obtenidas bajo coerción.
En este sentido, continúa, el sistema de justicia criminal rutinariamente fracasa en garantizar justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos.
La sección mexicana del anuario dedica asimismo un apartado a los ataques contra periodistas, que las autoridades no investigan adecuadamente, al no tener en cuenta desde el principio su profesión como posible motivación.
Por último, la ONG reprueba que las leyes del país no protejan adecuadamente a las mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual y añade que algunas disposiciones incluso contradicen padrones internacionales.
